'La reforma tiene dos objetivos: que haya más empleo y que se reduzca la precariedad y todo ello sin que se afecte a la flexibilidad necesaria para el buen funcionamiento de las empresas y de la economía', dijo el jueves el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicando, antes de cerrar el acuerdo, en qué consistían las modificaciones.
Con esta reforma los empleados temporales que lleven 30 meses con dos o más contratos en un puesto de trabajo en la misma empresa pasarán automáticamente a ser indefinidos, explicó Caldera.
'Esto es una medida revolucionaria', agregó el ministro.
Además, los empresarios se podrán acoger al contrato de fomento del empleo, que abarata el despido.
El Gobierno abrirá un periodo para que los contratos temporales se conviertan en fijos mediante el contrato de fomento del empleo estable. En estos casos la indemnización por despido improcedente será de 33 días por año trabajado frente a los 45 de los indefinidos ordinarios, que no variarán, explicaron los medios.
Asimismo, el acuerdo incluye un 'plan de choque' para reducir el empleo temporal en el que estarán incluidos los jóvenes varones de entre 16 y 30 años, indicaron.
Desde el sindicato UGT, su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, dijo que el acuerdo es 'un conjunto equilibrado' porque impulsará la contratación indefinida y pondrá coto a la encadenación de contratos temporales, según unas declaraciones recogidas en la página web de El Mundo.
'Quien quiera beneficiarse de las ayudas económicas tendrá que hacerlo, desde el principio, con un contrato estable. Si a eso le unimos el hecho de que todo aquel que lleve más de dos años en la misma empresa se le considerará contrato indefinido creemos que va a tener una incidencia importante en la corrección de la precariedad', dijo Caldera a Radio Nacional.
Ningún portavoz de Trabajo, ni de los sindicatos o la CEOE estuvieron disponibles para confirmar la información.
Según los medios, la reforma se firmará el próximo 9 de mayo en La Moncloa y entrará en vigor mediante un Real Decreto el 1 de julio.
Pese a un ritmo de crecimiento en el empleo muy superior a la media europea, los agentes sociales venían criticando la temporalidad de los contratos.
Las conversaciones en busca de un consenso para la reforma laboral se iniciaron poco después de la llegada al poder del Gobierno socialista hace dos años.


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