El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, rechazó el martes usar la palabra "confiscación" para referirse a los efectos del decreto anunciado por Morales en el mayor campo petrolero del país.
En Bolivia no ha habido confiscación, porque no ha habido robo, ni expulsión
El decreto estipula que "se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) controle como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresa Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinanciación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A.".
En las tres primeras empresas (Chaco, Andina y Tranredes), tenían la mitad de las acciones y el control de la administración la British Petroleum, la hispano-argentina Repsol YPF y la estadounidense Enron-Shell, que ahora deberán ceder el control de las sociedades al Estado si quieren seguir en Bolivia.
El decreto dice que "se transfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco S.A., Andina S.A. y Transredes S.A.".
Dos AFP, una de ellas del BBVA de España, tienen un 48 por ciento de las acciones de Chaco y Andina, y un 34 por ciento de Transredes, en nombre de ese Fondo creado para asegurar una pensión anual vitalicia a todos los bolivianos que tenían más de 21 años en 1995.
En los dos primeros casos, el Gobierno necesita "nacionalizar" un 3 por ciento de las acciones, pero en Transredes, donde hay más inversores, tendrá más dificultades, porque YPFB necesita un 17 por ciento para controlar el directorio.
Expropiación de Petrobras
El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, admitió que en el caso de Petrobras-Refinación, que posee dos refinerías en Santa Cruz y Cochabamba, sí hay expropiación, aunque luego aclaró que debe negociarse un arreglo con la firma estatal brasileña.
Yacimientos militarizados
Todos los yacimientos petroleros y de gas están militarizados desde el lunes, y las oficinas de las multinacionales custodiadas a la espera de que YPFB asuma "el control absoluto" de todo el sector. S
oliz defendió la nacionalización ante la preocupación en países como España y Brasil, y dijo que a partir de ahora las empresas contarán con seguridad jurídica, una vez el Congreso apruebe sus nuevos contratos, antes de 180 días.
Preocupación en España
Por su parte, el ministro español de Industria, José Montilla, ha asegurado que en el Gobierno español "nos preocupa mucho" la decisión del presidente de Bolivia.
La medida no es positiva para los bolivianos porque desincentiva las inversiones extranjeras en el país
El Gobierno español ha convocado al encargado de negocios de Bolivia en España para manifestarle su inquietud y ha informado de que analizará en los próximos días, junto con las empresas españolas afectadas, la situación generada por la decisión de Evo Morales.
Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Yohannes Laitenberger, ha lamentado que Evo Morales no abriera "un proceso de consulta y discusión" antes de firmar el decreto.
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