'El Gobierno va a convocar en los días próximos a las empresas españolas con intereses empresariales y comerciales en Bolivia para analizar la situación derivada de la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar el sector de los hidrocarburos', declaró De la Vega.
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El lunes el presidente boliviano, Evo Morales, firmó un decreto que obliga a las compañías presentes en Bolivia a devolver al Estado la propiedad de los hidrocarburos y concede 180 días para renegociar sus contratos de explotación de recursos.
El Ministerio de Exteriores español dijo el martes que convocó al encargado de negocios boliviano para expresarle 'la más profunda preocupación por la medida y sus consecuencias para las relaciones bilaterales', según un comunicado.
El Gobierno también dijo que trabajaría conjuntamente con otros países que tienen estrechas relaciones con Bolivia para resolver la situación.
'Bolivia es un país que seguro que necesita que sus recursos naturales estén en función de sus intereses como país, eso yo no lo voy a discutir (...) pero Bolivia también necesita inversiones extranjeras', dijo el ministro de Industria, José Montilla, quien añadió que con estos hechos se desincentivan, 'y eso no es bueno para los bolivianos'.
MILLONES DE DÓLARES
Bolivia prometió el martes garantizar la rentabilidad de las petroleras extranjeras en el país, aunque adelantó que su decisión de nacionalizar su industria de hidrocarburos le va a costar millones de dólares a las compañías.
Mientras tropas bolivianas custodiaban instalaciones petroleras, la Unión Europea no dejó de mostrar su preocupación y decepción porque había esperado que el paso de la nacionalización se diera tras un proceso de consulta entre instituciones.
Entre los grandes inversores en Bolivia figura Petrobras -- que controla un 45 por ciento de los campos de gas --, la hispano-argentina Repsol YPF, la francesa Total y el grupo británico BG Group.
Tras conocerse esta noticia las acciones de Repsol terminaron con baja de un 0,63 por ciento a 23,53 euros tras ceder inicialmente más de un 3 por ciento hasta 22,96 euros.
La petrolera hispano-argentina Repsol YPF, que en enero sorprendió a los mercados con un recorte de las reservas derivado en parte de las modificaciones en la legislación boliviana, dijo que sigue analizando la información recibida y que es aún no podía evaluar la situación. Aunque el presidente ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, se mostró 'consternado' por las medidas bolivianas.
A cambio del control de la industria hidrocarburífera, el Estado boliviano dará a las petroleras un porcentaje del valor de lo que produzcan para cubrir sus costes de operación, amortizar inversiones y generar beneficios.
Sin embargo, en los dos principales campos de gas natural del país, la compensación apenas alcanza al 18 por ciento, con lo que Petrobras adelantó el lunes que sus operaciones en Bolivia se convirtieron en 'inviables'.
Aunque por la medida, Petrobras dejará de percibir 1.500 millones de dólares en los próximos 12 años, según reconoció el vicepresidente boliviano, Alvaro García, a una radio al agregar que, no obstante, Petrobras tendrá garantizado un margen de beneficio de 'al menos 15 por ciento' en esos campos.
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