El decreto exige a las compañías extranjeras que entreguen inmediatamente a Bolivia los campos de gas que operan y que firmen nuevos contratos operativos dentro de un plazo de 180 días. De negarse, se verían obligadas a abandonar el país.
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El Gobierno español dijo que está profundamente preocupado por este decreto mientras que la petrolera dijo que es muy pronto para evaluar la medida.
'Con los nuevos contratos en Bolivia, las compañías extranjeras recibirán mucho menos dinero por el petróleo y el gas que producen. En el caso de Repsol, la petrolera sólo se beneficiará del 18 por ciento de la producción de los campos que opera frente al 50 por ciento actual', dijo Siegfried Milbradt, gestor de fondos del broker madrileño Venture Finanzas.
Repsol YPF es uno de los mayores inversores en el sector energético en Bolivia, conjuntamente con la brasileña Petrobras, la productora británica de crudo y gas BG Group y la francesa Total.
'Cuando Repsol revisó a la baja sus reservas en un 25 por ciento a principios de año, su cotización cayó entre un 6 y un 7 por ciento, y el nuevo recorte refleja el impacto en sus cuentas de las medidas del Gobierno de Bolivia', añadió el gestor.
Repsol YPF sorprendió a los mercados en enero al anunciar una rebaja del 25 por ciento en sus reservas, lo que provocó un desplome en la cotización de las acciones en bolsa.
El grupo explicó que las revisiones --con una estimación a la baja de 1.254 millones de barriles equivalentes de petróleo-- se derivan principalmente de la modificación de la legislación en Bolivia y del comportamiento de los campos y los nuevos datos cosechados en Argentina.
Un portavoz de Repsol dijo tras la noticia de la nacionalización en Bolivia que 'aún no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Es muy pronto para hacer cualquier evaluación'.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó la ocupación militar de los yacimientos -la principal fuente de ingresos de la empobrecida nación Sudamericana- para garantizar la continuidad de la producción.
El período de gracia de 180 días debería transcurrir por la vía de la negociación entre los gobiernos y las empresas con 'respecto de los intereses de ambos y evitando dar señales negativas a la comunidad internacional de inversionistas'.
A las 10:33 hora local las acciones de Repsol caían un 2,2 por ciento a 23,16 euros en un mercado plano.
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