"Se acabó el saqueo de nuestro recursos naturales por empresas extranjeras", dijo Morales tras leer el decreto en una población del sureño departamento de Tarija.
El presidente socialista anunció la confiscación de las acciones necesarias de varias empresas mixtas para que YPFB tenga en ellas más del 50%, entre ellas Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y una subsidiaria de Petrobrás Bolivia.
A las petroleras extranjeras no les quedará más remedio que recurrir a arbitrajes internacionales o dejar Bolivia
Los campos San Alberto y Sabalo, desde donde se exporta el 70% del gas boliviano y que están operados por Petrobras, están ahora obligados a entregar el 82% de su producción a YPFB, lo que permitirá generar para el Estado boliviano 300 millones de dólares adicionales en el 2007.
El anuncio se produjo por sorpresa, al mediodía, a una hora en que, según anuncios oficiales, el presidente iba a encabezar en La Paz una manifestación por el Día del Trabajo.
Morales exhortó a los bolivianos a movilizarse frente a "cualquier intento de sabotaje de algunas empresas" y dijo que serán bienvenidos los trabajadores de las petroleras que se sumen "a este cambio".
Los militares ocupan las refinerías
Militares y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han ocupado dos refinerías de Petrobras y medio centenar de gasolineras privadas, después del anuncio del Gobierno.
Los militares han ocupado, además, otras 54 gasolineras en diferentes puntos del país que pertenecen a empresarios privados nacionales.
Los afectados
En Bolivia operan la hispano argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras, las británicas Bristish Gas y British Petroleum y la franco-belga TotalFinaElf.
También tienen inversiones las estadounidenses Panamerican Energy y Exxon Mobil, la argentina Pluspetrol, la Canadian Energy y la coreana Dong Wong.
Desde que asumió el cargo como primer presidente de Bolivia, Evo Morales había prometido llevar a cabo la nacionalización de los hidrocarburos.
En su visita a España, Morales aseguró al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que las nacionalizaciones previstas no afectarían a las empresas españolas, si éstas eran "respetuosas con las normas".
El Gobierno españo ya ha expresado su preocupación por la nueva situación.
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