Los 5.000 disminuidos dependen de sus familias

Cinco mil familias aragonesas tienen miembros con discapacidad intelectual y tienen que sacarlos adelante con sus propios medios.

Los afectados denuncian la «escasez» de servicios públicos y piden a la DGA una ley de Servicios Sociales este año, al margen de la estatal de Dependencia. El objetivo, según explicó ayer el presidente de FEAPS Aragón, José María López, es que «ni un discapacitado se quede en la calle sin plaza» en ningún servicio.

Asturias o Navarra, con su propia legislación sobre dependencia, son el modelo a seguir. Cuidar de una persona disminuida supone un importante desembolso económico. En Zaragoza, por ejemplo, sólo hay tres colegios públicos para atender a niños discapacitados con unas 300 plazas en total. La alternativa para los padres es pagar un centro concertado, que no baja de los 150 euros al mes. El transporte es otro problema cotidiano. Cada día circulan siete autobuses urbanos para disminuidos y hay que solicitar el viaje con una semana de antelación. Los buses, además, tienen rutas muy largas y pueden tardar hasta hora y media en llegar a su destino. La opción en este caso, denuncian los familiares, es pagar un taxi para moverse libremente por la ciudad. Congreso en Zaragoza Los problemas cotidianos y las necesidades de las personas con discapacidad intelectual se analizarán desde mañana en la Feria de Muestras. Allí se reunirán 700 familias de toda España, que participarán hasta el 1 de mayo en el congreso nacional de FEAPS. El congreso de FEAPS alternará mesas redondas, talleres y actividades con tres ponencias elaboradas por las familias. El lunes, además, se hará una comida a la que asistirán 1.800 asociados.

Mejoras en la ley de Dependencia

Aunque aseguran sentirse «contentos» con el borrador de la ley estatal de Dependencia, los familiares de disminuidos psíquicos consideran que todavía hay que pulir algunos aspectos. En concreto, piden que los niños menores de 3 años con discapacidad intelectual ya sean considerados dependientes, que la renta familiar no sea determinante para poder acceder a los servicios sociales y que se establezca un sistema de copago para estos servicios «menos genéricos», explicó ayer el director de Feaps, Paulino Azúa.