Grande-Marlaska impuso a los tres la prohibición de abandonar el territorio español sin autorización judicial cuando pagaron las fianzas que les puso para poder eludir la prisión tras tomarles declaración como inductores de los actos violentos ocurridos en la jornada de huelga que convocó la izquierda abertzale el 9 de marzo.
Según informó hoy la asociación Dignidad y Justicia, personada en la causa como acusación popular, los dirigentes de la ilegalizada Batasuna - Otegi y Barrena- hacen esta petición al juez "a fin de asistir a una serie de actos públicos y privados organizados por el Sinn Fein" a los que les ha invitado su líder Gerry Adams.
En su solicitud, ambos adjuntan la invitación a estos actos, que se celebrarán en las localidades irlandesas de Dublín y Belfast entre el 8 y 12 de mayo, y la representación procesal de Otegi precisa que de serle concedido el levantamiento de la prohibición de salir de España, el juez deberá comunicarlo a la Ertzaintza para que conste que esos días no podrá comparecer en comisaría.
Por su parte, Díez Usabiaga hace esta solicitud por haber sido invitado a participar en el cuarto Foro Social Europeo, entre el 4 y 7 de mayo en Atenas, como integrante de la delegación del Sindicato LAB, del que es secretario general.
Marlaska se lo traslada al fiscal
Tras recibir estas solicitudes, Grande-Marlaska ha dado traslado de las mismas al fiscal y a las acusaciones, oponiéndose ya a ello la asociación Dignidad y Justicia al estimar que "carecen de todo fundamento jurídico".
Tal finalidad, añade el escrito, "es fundamental en atención a la naturaleza permanente de los delitos de asociación ilícita y pertenencia a organización terrorista que se les imputa como máximos responsables y representantes de la organización ilegalizada Batasuna, que se entiende dependiente de la organización terrorista ETA".
Respecto a Otegi y Barrena, la asociación destaca además que ambos procesados "son conocedores de la prohibición de actividades de la organización ilegalizada y pese a ello pretenden asistir a actos públicos y privados en una clara representación y materialización de la continuidad y el desarrollo de la asociación ilícita".
En el caso de Díez Usabiaga, el escrito señala que "tampoco se alega en este caso ningún fundamento jurídico que otorgue base a dicha petición, ni constituye la invitación una razón seria y justificada para excepcionar la prohibición cautelar impuesta al imputado" cuyo sindicato podrá enviar a dicho Foro a otros representantes.
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