La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha confiado este lunes en que los dirigentes del Partido Popular intervengan en Poyales del Hoyo (Ávila) tras el "lamentable espectáculo" que se produjo ayer en la localidad abulense tras registrarse un enfrentamiento por el traslado de diez cuerpos de represaliados de una fosa común.

A juicio del colectivo se trata de un momento "adecuado" para que el PP demuestre que exige a otros la condena de la violencia. "No es comprensible que el partido mire hacia otro lado cuando el alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, ha llevado a cabo un claro incumplimiento de los Estatutos del partido que en su artículo tercero dicen que el Partido Popular quiere distinguir su actuación general por un compromiso renovado con el derecho a la vida, la integración y el respeto a las minorías y la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones", han señalado en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la actuación del alcalde de Poyales del Hoyo de devolver a una fosa común a hombres y mujeres que han padecido "el peor delito que se puede cometer contra un ser humano" no debe tener "justificación ni amparo".

"No es comprensible que una institución municipal niegue derechos fundamentales como son el de una sepultura digna y borre los nombres de seis hombres y cuatro mujeres que fueron secuestrados, torturados, asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer, sufriendo sus familias el peor acto terrorista que puede padecer un ser humano", ha destacado.

Por estos motivos, la ARMH espera que los y las dirigentes del Partido Popular tomen las medidas oportunas para reconducir la situación y que el alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, "repare el error cometido por el edil popular que podría haber cometido un delito penal".

Así, el colectivo ha explicado que, por un lado el artículo 526 que considera delictiva la "falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare" y, por otro, se está analizando si el modo y la acción llevada a cabo podrían suponer la vulneración del artículo 510 que considera delictivos los actos que "que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

Finalmente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado en en el nicho, cuyos gastos fueron sufragados por las familias de las tres primeras mujeres exhumadas, se encontraban los restos de Virtudes de la Puente Pérez, de 53 años; Pilar Espinosa Carrasco, de 43; Valeriana Granada, de 26 años, embarazada de varios meses (exhumadas el 24 de octubre de 2002); y Régulo Martín Plaza, de 36; Francisco Martín Vélez, de 69; Ceferino Gómez Díaz, de 82; Tomasa De la Peña García, de 62; Benjamín Gómez De la Peña, de 24 (hijo de los dos anteriores); Tomás Retamal Sánchez, de 32 y Emilio García Hornillos, de 34 (exhumados en mayo de 2010).