En la moción de IU-ICV "se pedía un Pacto anticorrupción urbanística de todas las fuerzas políticas que implicase un amplio catálogo de medidas, incluyendo la revisión del delito de prevaricación, la creación de fiscalías anticorrupción en cada una de las comunidades autónomas afectadas por este fenómeno y una 'moratoria' de construcción en las zonas 'saturadas' por la edificación".
El texto aprobado pide al Gobierno que regule las incompatibilidades de altos cargos municipales y que garantice los derechos de los ciudadanos frente a la especulación.
También aboga por "potenciar y reforzar los medios materiales y personales de la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración pública, especialmente en las zonas del territorio más afectadas por tales actividades delictivas".
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