La Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT) ha hecho llegar sus aportaciones a la administración andaluza para declarar Andalucía "libre de transgénicos", en una reunión que tuvo lugar el pasado 26 de julio entre representantes de la plataforma y altos cargos y funcionarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Según ha informado en una nota la PALT, el motivo de la reunión era trasladar de forma directa las aportaciones de la plataforma en materia de transgénicos en Andalucía, entregadas el pasado abril durante la Semana Andaluza de Lucha contra los transgénicos, y que se centraban en la modificación del Decreto que regula el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente para abrir la participación de los agentes sociales.

Además demandaba "la creación de un registro público andaluz de localización de parcelas cultivadas con transgénicos; prohibir los cultivos transgénicos en espacios naturales protegidos y en zonas donde la producción ecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico; establecer un régimen de responsabilidad estricta acorde con el principio 'quien contamina paga'; y realizar un estudio sobre la correcta aplicación de la normativa de trazabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente".

La plataforma lamenta que las respuestas "han sido escasas para las peticiones de la PALT, quedando la pelota en el tejado de la administración andaluza que tendrá que pronunciarse ante las propuestas presentadas" y ha precisado que se prevé una próxima reunión para el otoño.

Campos experimentales

En el caso de Andalucía los experimentos para el ensayo de cultivos transgénicos se han solicitado en Alcalá del Río, Brenes, Lebrija, Los Palacios-Villafranca, El Cuervo, Dos Hermanas, Ecija, Guillena, Marchena y Utrera en la provincia de Sevilla; Algarrobo en Málaga y Fuente Palmera-Villalón en Córdoba. Los cultivos sobre los que se experimentará serán maíz, patata, algodón y remolacha.

La PALT exige que la Junta de Andalucía actúe de oficio y exija al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) la cancelación y prohibición de estas solicitudes como integrantes de la Comisión Nacional de Bioseguridad, "tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas como la de Valencia en el caso del arroz".

De igual manera, solicita que "garantice el derecho a la información de consumidores y productores respecto a la situación real de la agricultura y alimentación transgénica en Andalucía, así como que manifieste qué política real y concisa va a tener frente a los transgénicos".