La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) investiga si el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila), Antonio Cerro, vulneró dos artículos del Código Penal al ordenar la extracción de los restos de diez republicanos represaliados de un nicho del cementerio de la localidad.

Según han informado la Asociación en un comunicado recogido por Europa Press, se trataría de los artículos 526 sobre la "falta de respeto a la memoria de los muertos" y 510 sobre la "provocación de discriminación ideológica".

De acuerdo con estas fuentes, los familiares de los represaliados no fueron informados por parte del Consistorio de que los restos de sus seres queridos fueran a ser depositados en una fosa común.

Por un lado el artículo 526 que considera delictiva la "falta al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare".

También está analizando si el modo y la acción llevada a cabo podrían suponer la vulneración del artículo 510 que considera delictivos los actos que "que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

La asociación, que llevó a cabo en el año 2002 y en el 2010 las dos exhumaciones, estudia tomar medidas entre las que pedirá explicaciones al Partido Popular de la provincia por el incumplimiento de sus estatutos y por la actitud de algunos alcaldes de la provincia que están obstaculizando los derechos de las víctimas de la dictadura franquista.

Por último, la ARMH ha agradecido las respuestas de numerosos ciudadanos que "no entienden que una institución público haya podido llevar a cabo un acto tan alejado de la humanidad, del servicio público y de la atención ciudadana que debe caracterizar las actuaciones de un ayuntamiento".