Aunque las partes ya han decidido no generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable (con una indemnización por despido improcedente de 33 días), han acordado ampliar su uso a las conversiones, es decir, cuando un empresario hace fijo a un trabajador temporal.
En colectivos con dificultades
Actualmente, cuando un trabajador temporal entra a formar parte de la plantilla de una empresa, lo hace con un contrato indefinido ordinario, que tiene una indemnización por despido de 45 días.
Hasta ahora, el contrato de fomento sólo se usa con los colectivos con más dificultades de inserción en el mercado laboral: mujeres, minusválidos, desempleados que llevan más de seis meses inscritos en las oficinas del INEM, y varones mayores de 45 años.
Sin embargo, cuando entre en vigor esta reforma, los empresarios recuperarán la posibilidad de utilizar el contrato de fomento en el caso de las conversiones, aunque sólo podrán hacerlo con los contratos temporales firmados entre enero de 2004 y el año de entrada en vigor de la reforma laboral (2007 o 2008).
Bonificación de cuotas
Además, durante ese plazo, los contratos que se vean afectados por la medida y que pasen a ser indefinidos, tendrán una bonificación en las cuotas, si bien, éste es uno de los puntos de la negociación que aún no están cerrados, según las mismas fuentes.
El acuerdo que, previsiblemente los agentes sociales y el Gobierno firmarán antes del 8 de mayo, también amplía (de dos a cuatro años) las bonificaciones al empleo fijo que, además, dejarán de calcularse sobre la base de cotización del trabajador y pasarán a ser una cantidad fija mensual.
Los empresarios también obtendrán rebajas en las cuotas al desempleo que pagan por los contratos indefinidos (0,25% hasta 2007 y medio punto desde 2008).
La reforma establecerá nuevos incentivos para fomentar el empleo fijo ente los varones de 16 a 30 años.
Limitaciones para encadenar contratos
Además limitará el encadenamiento de contratos para que un mismo trabajador no esté contratado en una empresa más de 24 meses en un periodo máximo de 36 (los contratos de interinidad y los formativos no cuentan), un plazo que los sindicatos quieren reducir a 30 meses.
De hecho, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reconoció el lunes que, aunque esta reforma "no será de mínimos", será sólo "un paso más" de los que habrá que dar para mejorar el mercado laboral.
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