Las propuestas, que han provocado las críticas de los defensores de la privacidad, obligarían a las compañías de telecomunicaciones a extender el almacenamiento de los datos que muestran los números a los que sus clientes llaman o envían mensajes de texto, y las páginas de Internet que visitan.
No grabarían el contenido de las conversaciones, mensajes de texto o e-mails.
En la actualidad las grabaciones se conservan durante tres meses.
'Pensamos que la información debería almacenarse durante un periodo de un año', dijo el ministro del Interior alemán, Otto Schily, después de una reunión con sus homólogos de España, Gran Bretaña, Francia e Italia.
'Sabemos que exactamente esa clase de datos pueden ser cruciales para perseguir crímenes terroristas', dijo en una conferencia de prensa, señalando un gran avance en la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 191 personas.
Las grabaciones telefónicas que se confiscaron en los días inmediatamente posteriores a los ataques llevaron a los primeros arrestos en el caso por el que 42 personas están ahora encarceladas o bajo supervisión judicial.
Sin embargo Schily confesó que existían preocupaciones sobre la privacidad, y agregó: 'No nos tomamos esto a la ligera'.
El comisario alemán de protección de datos, Peter Schaar, reaccionando a las informaciones de prensa que aparecieron este fin de semana sobre los planes de Schily, dijo el lunes que implicarían la vigilancia de millones de grabaciones personales pertenecientes a gente inocente.
Schaar también cuestionó si esta iniciativa realmente ayudaría a los investigadores en la proporción que señala el gobierno.
En una reunión en Granada, los ministros de Interior acordaron formalmente mejorar a la hora de compartir pruebas sobre supuestos terroristas y a establecer un 'sistema de alerta rápida' para avisar a los socios sobre el robo de explosivos y otros materiales peligrosos, incluidas sustancias nucleares, biológicas y químicas.
Este sistema de alerta rápida fue otra iniciativa nacida tras los atentados de Madrid, en los que extremistas islámicos atacaron cuatro trenes de cercanías con bombas fabricadas con dinamita robada.
Pero los ministros no llegaron a un acuerdo completo sobre la expulsión a sus países de origen de sospechosos de los que se sabía tenían implicaciones previas con grupos extremistas islámicos, pero que no habían cometido ningún delito conocido en Europa.
El ministro español José Antonio Alonso dijo que por ahora las leyes de cada uno de los cinco países era suficiente. Los ministros continuarían buscando consensos en futuras reuniones del grupo informal 'G-5', que busca extender su agenda a las 25 naciones de la UE.
/Por Dan Trotta/
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