El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que los medicamentos se prescriban por principio activo en lugar de por marca comercial en todo el Sistema Nacional de Salud. El farmacéutico deberá después dispensar el más barato. Esta medida forma parte del plan para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La titular de Sanidad, Leire Pajín, ha señalado a la salida del Consejo Interterritorial de Salud que este modelo "puede suponer un ahorro fundamental". Pajín y los consejeros autonómicos han acordado un paquete de medidas con el que pretender ahorrar unos 2.400 millones de euros al año.

Además de la medida estrella, el plan contempla rebajar un 15% el precio de los medicamentos con más de 10 años desde su registro que no tengan un genérico en el mercado; modificar el sistema de precios de referencias para eliminar la gradualidad de un año en la rebaja y agilizar la creación de conjuntos.

Además se creará un comité de selección de medicamentos formado por las comunidades, que hará informes de coste y efectividad de los nuevos medicamentos que se vayan a incorporar al mercado.

El Gobierno autonómico de Andalucía fue el primero que implantó dicha iniciativa en todo el Estado, una fórmula pionera que lleva vigente en la región desde el año 2001 y que a lo largo de este década le ha permitido ahorrar a las arcas sanitarias andaluzas cerca de 500 millones de euros.

Antes del fin de 2012 se prevé que se unifiquen la historia clínica y la receta electrónica, lo que culminará el proyecto "Sanidad en Línea" que se inició en 2005 y que permitirá que cualquier ciudadano tenga acceso a su historial y a su medicación en todas las comunidades.

Además se implantará de forma progresiva un modelo único de tarjeta sanitaria en todo el Sistema Nacional de Salud, en el que junto a la identificación de cada comunidad autónoma se reflejará la del Sistema, y se fomentará la dosificación personalizada en las farmacias.

Los representantes autonómicos han conocido el planteamiento del Gobierno de dar prioridad al gasto en Sanidad sobre la financiación adicional -de unos 8.000 millones de euros- de la que dispondrán el próximo año, y que se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.