La norma pretende garantizar la prestación de servicios y la atención económica a las familias que cuidan de personas mayores, enfermas o discapacitadas.
'Es un compromiso explícito y largamente sostenido del Gobierno que garantiza que esta situación cambie y que en España no haya ni una sola persona dependiente, sola, sin atención, ya sea por su avanzada edad o por minusvalía', dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
De la Vega anunció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno destinará cerca de 13.000 millones de euros a este proyecto legislativo, con lo que se convierte en el de 'mayor esfuerzo inversor del Estado'.
La vicepresidenta dijo que el despliegue se realizará de manera gradual hasta alcanzar a todas las personas dependientes, por lo que será responsabilidad también de futuros gobiernos. Además, pidió la colaboración en el proyecto de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
'Esta tarea debe comenzar con los más necesitados y progresivamente a lo largo de los próximos diez años alcanzar a todas las personas en situación de dependencia', señaló.
Según De la Vega, más de la mitad de estas personas necesitan al día alrededor de seis horas de ayuda.
El proyecto prevé que todos los españoles mayores de 3 años que se encuentren en una situación de dependencia tengan derecho a percibir en todo el territorio nacional los servicios y prestaciones del futuro Sistema Nacional de Dependencia, entre los que destacan la teleasistencia, las ayudas técnicas para la autonomía personal y la atención a domicilio o en residencias, además de prestaciones económicas en los casos que se determinen.
AVANCE SOCIAL
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, destacó que la recepción de ayudas será a partir de la entrada en vigor de esta ley un derecho 'y no un acto de beneficencia'.
'Es una verdadera revolución desde el punto de vista social, que se anticipa además al futuro', dijo Caldera en la rueda de prensa ofrecida junto a la vicepresidenta.
El titular de Trabajo destacó que la ley garantizará la atención a todas las personas que lo necesiten, con independencia de donde vivan, para compartir los cuidados de las familiares necesitados.
'Algo que era privativo de las familias ahora va a ser responsabilidad de los poderes públicos. También ello nos va a permitir favorecer el acceso en igualdad de condiciones de la mujer al trabajo, porque hasta ahora han sido las mujeres quienes mayoritariamente se han hecho cargo de estos servicios', apuntó.
Caldera, que dijo que un 22% de los mayores en España viven solos, aseguró además que la ley permitirá crear un importante volumen de actividad económica con la creación de al menos 300.000 empleos directos y varios cientos de miles indirectos.
La secretaria de Asuntos Sociales del PP, Ana Pastor, mostró su apoyo al Ejecutivo pero dijo que su partido esperaba que la ley 'se enriquezca' en el Parlamento, aclarándose también cuál será la financiación de esta ley.
El Ejecutivo espera que la ley esté aprobada antes de que acabe 2006, para que entre en vigor el 1 de enero de 2007.
/Por Raquel Castillo y Blanca Rodríguez/
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