El ya ex portavoz del Gobierno y ahora candidato del PSOE en las elecciones del próximo año, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha estrenado como aspirante a presidente con un discurso más social que incluye un plan de reforma fiscal, para que "los que no han sufrido con la crisis nos ayuden a todos a salir de esta". Un perfil nuevo, más izquierdista, que se topa, sin embargo, con la evidencia de los 8 años de gobierno socialista.

No hace falta irse muy lejos para comprobarlo. El propio Rubalcaba ha concretado esta nueva política fiscal en un ejemplo: la recuperación del impuesto de patrimonio. Lo llamativo es, sin embargo, que fue el propio PSOE el que eliminó hace apenas tres años este tributo que recaudaba entre 1.500 y 2.000 millones de euros cada ejercicio. Desde entonces, Izquierda Unida le viene reclamando su recuperación.

La supresión de este impuesto fue una promesa electoral de Zapatero ante los comicios de 2008 que aprobó junto a la deducción de 400 euros en abril de ese año. El impuesto de patrimonio, de competencia autonómica, ya era en ese momento casi un tributo residual: prácticamente todas las autonomías lo habían eliminado de hecho (por la vía de la exención) en la guerra de impuestos bajos que han practicado unas contra otras en los últimos años.

Así, en 2007, apenas tres meses antes de que Zapatero anunciara la eliminación general del impuesto, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) había anunciado su disposición a hacerlo también en su comunidad.

Rubalcaba también ha propuesto recientemente aplicar nuevos tributos al sistema financiero: sostiene que es el momento de pedir a las cajas y los bancos que dejen parte de sus beneficios para crear empleo.

La fiscalidad ha sido, tradicionalmente, la brújula ideológica de la política económica: la izquierda defiende que haya más impuestos y se grave más a quien más tiene, mientras que la derecha tiende a disminuir fiscalidad a costa de adelgazar los servicios públicos.

O al menos así era antes de que Zapatero diera con aquella fórmula: "Bajar impuestos es de izquierdas".

Aquellas palabras pronunciadas en el año 2000, con Zapatero recién elegido como líder del PSOE, se comenzaron a hacer realidad cuando asumió el Gobierno en 2004. Dos años después se aprobó la reforma fiscal: se rebajó la presión impositiva sobre las empresas, el impuesto de sociedades pasó del 35% al 30% de forma general y del 30% al 25% para las empresas pequeñas; en el IRPF se redujeron los tramos (que pasaron de cinco a cuatro) y se bajó la tributación de las rentas superiores a 120.00 euros (pasaron de pagar el 45% al 43%).

En paralelo, otras medidas de carácter social puestas en marcha en las dos legislaturas de gobierno socialista se establecieron sin ninguna distinción de ingresos, es decir iguales para las rentas altas y las bajas: tal fue el caso de los famosos 400 euros que Zapatero prometió en la campaña electoral de 2008, el cheque-bebé de 2.500 euros por nacimiento o la equiparación en el IRPF de la deducción por hijo independientemente de la renta familiar.

Ambas medidas comenzaron a aplicarse en julio de 2008. Durante los años de bonanza el Gobierno mantuvo su plan de reducción de impuestos, ya que el crecimiento económico permitía aumentar los servicios sin incurrir en más déficit público.

Con las arcas vaciándose deprisa el Gobierno cambió de rumbo: en enero de 2010 desapareció la deducción de 400 euros -salvo para las rentas inferiores a 12.000 euros-. En esa misma fecha entró en vigor también la nueva tributación de las rentas del ahorro: las ganancias producidas por el capital (desde los incrementos patrimoniales a los depósitos bancarios, libretas de ahorro, seguros, dividendos, etcétera) pasaron de tributar el 18% al 19% en las rentas inferiores a los 6.000 euros, mientras que las que superan esa cifra están gravadas con el 21%.

Con los presupuestos para el año 2010 -aunque la entrada en vigor fue en julio de ese año- también llegaron las subidas de impuestos: las de los impuestos indirectos como el IVA, el gravamen del tabaco (suma tres incrementos en cinco años) y el que se paga por el combustible. Además, en enero de este mismo año se retiró el cheque-bebé.

Es en este  punto cuando se empezó a aplicar la subida de impuestos a las rentas altas que, Rubalcaba dice ahora querer recuperar y que a la ministra de Economía Elena Salgado nunca le gustó.

Así, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 crearon dos nuevos tramos en el IRPF: las rentas entre 120.000 y 175.000 euros tributarán al 44% (un punto más que antes) y las que superan los 175.000 estarán gravadas al 45%.

También se modificó, en otoño de 2010, el régimen fiscal de las polémicas Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable), gravando la reducción de capital, una vía por la que hasta ahora los inversores de estas entidades escapaban tributando sólo entre el 0,5% y el 1%. Ahora tendrán que pagar entre el 19% y el 21% de esos beneficios.

Ante este panorama, ¿qué se puede hacer en materia fiscal? Pues lo cierto es que margen de actuación aún hay.

Los últimos datos de la oficina estadística europea, Eurostat, sitúan la presión fiscal en el conjunto de la UE en 2009 en el 38,4%, mientras que España se sitúa en la franja inferior a este respecto, con una presión fiscal del 30,4%.

La diferencia aún es mayor cuando se pone el foco sobre los países de la eurozona, donde esta presión fiscal roza el 40%.

En cualquier caso, la rebaja de la carga impositiva fue una tendencia general en la UE -no solo en España- en 2009.

Las ideas sobre economía publicadas en su web hacen referencia a "un sistema tributario justo que permita establecer rebajas selectivas de impuestos".

¿Qué clase de "rebajas selectivas"?, ¿rentas del trabajo o del ahorro?, ¿impuestos directos o indirectos?, ¿sociedades o personas físicas?

"En estos momentos está elaborándose el programa electoral en el que se darán respuestas sobre estos temas"; es la respuesta que en el gabinete de prensa del PP han dado a 20minutos.es para este reportaje.

Lo más concreto y reciente de su posición al respecto se puede encontrar en las propuestas de resolución que el PP presentó (PDF) en el último debate sobre el estado de la Nación: un IVA superreducido (del 4%) para el sector turístico e incentivos fiscales para los emprendedores, que podrían desgravarse hasta 3.000 euros por su primer empleado.

El PP también dice comprometerse al máximo en la reducción del déficit público, aunque las cuentas parecen más difíciles de cuadrar cuando se empieza reduciendo la vía de los ingresos.

La respuesta de los populares es que bajar impuestos genera más actividad y, por tanto, más recaudación. Al PSOE le funcionó durante los años de bonanza. El problema es que la tormenta económica aún no ha pasado.

Directos/indirectos. Es la gran división entre los impuestos: los directos, como el IRPF, el de patrimonio, etc., gravan los orígenes de la renta o su propia tenencia; los indirectos, como el IVA o los especiales de tabaco y combustibles, gravan el consumo. Apostar por los primeros se considera más redistributivo, porque se paga en función de la riqueza, mientras que en los segundos, todos pagan por igual. En los últimos años la apuesta generalizada ha sido por aumentar impuestos indirectos y reducir los directos por la vía de las exenciones.

Patrimonio. Obliga al ciudadano (es un impuesto sobre las personas físicas) a pagar una cuantía por la posesión de bienes o capital a partir de determinadas cuantías. A veces se lo considera redundante, porque ese patrimonio ya tributa cuando se obtiene: bien por ser producto de una inversión, por provenir del propio trabajo o de una herencia. Es, sin embargo, el impuesto que más se puede identificar con la riqueza. El Estado lo eliminó aunque ya la mayoría de las autonomías, de quienes era competencia, lo habían suprimido.

Sucesiones. Grava las herencias y es de ámbito autonómico. Su diseño es considerado de los más defectuosos, porque a veces resulta muy gravoso en sus tramos más bajos y otras veces, cuando se produce entre familiares de primer grado, deja exentos a casi todos, sea la herencia grande o pequeña. También ha sufrido en los últimos años la competencia a la baja entre las comunidades autónomas: comenzó en 2003 cuando Cantabria practicamente lo suprimió ante la cercanía del régimen de exenciones de los vecinos País Vasco y Navarra. Después, la reducción de este impuesto a un "valor simbólico" cuando la sucesión es entre familiares directos se han convertido en moneda común, tal y como explican varios estudios académicos (como los publicados en la Revista para el Análisis del Derecho o por la Universidad Pontifica de Comillas).

Donaciones. Es el complemento del de sucesiones. Obliga a pagar cuando se cede un capital o un bien de forma gratuita (un padre reparte en vida el dinero entre sus hijos). También es autonómico y en los últimos años se ha reducido notablemente.

Sociedades. Los beneficios de las personas jurídicas (empresas, sociedades, fondos de inversiones, asociaciones, etc.) residentes en España pagan impuestos: un 25% para las empresas pequeñas y un 30% para las grandes tras la última reforma. Hay también exenciones y particularidades, sobre todo para las pymes más pequeñas.