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El Senado da luz verde definitiva a que la declaración de bienes y rentas de los parlamentarios sea pública

El Pleno del Senado ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a la iniciativa tomada por todos los grupos parlamentarios para que el acceso al registro de intereses en el que senadores y diputados dejan constancia de sus bienes y rentas sea público. Tras la aprobación de la Cámara Alta, el texto será publicado en el BOE y entrará en vigor el próximo 8 de septiembre.

El Pleno del Senado ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a la iniciativa tomada por todos los grupos parlamentarios para que el acceso al registro de intereses en el que senadores y diputados dejan constancia de sus bienes y rentas sea público. Tras la aprobación de la Cámara Alta, el texto será publicado en el BOE y entrará en vigor el próximo 8 de septiembre.

La iniciativa fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de junio y llegó al Senado con prisas para permitir su ratificación antes de las vacaciones y que pueda aplicarse al inicio del próximo periodo de sesiones.

Por ello, el Pleno de la Cámara Alta autorizó a que la tramitación fuera en lectura única y por el trámite de urgencia, con la posibilidad de presentar vetos, que en este caso no se han registrado porque todos los partidos han firmado la proposición de ley. Así, ha sido el último Pleno del Senado antes de las vacaciones de verano el que ha aprobado esta iniciativa y era tal el consenso al respecto que los grupos parlamentarios ni siquiera han querido intervenir en el debate.

Mesas conjuntas

Lo que se modifica es la Ley Electoral (LOREG), en concreto, el penúltimo inciso del artículo 160.2, en el que a partir de ahora figurará que "el contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público" y que el procedimiento para "asegurar la publicidad" será decidido por las Mesas del Congreso y del Senado. Ahí se concretará cómo y con qué detalle se dan a conocer los bienes, propiedades y rentas de los parlamentarios, combinando la máxima transparencia con la cautela de garantizar la seguridad del declarante.

La iniciativa ha sido promovida por los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente, y forma parte de un catálogo de medidas para fomentar la transparencia, suprimir los complementos de pensión de los parlamentarios y restringir al mínimo las posibilidades de compatibilizar el escaño con actividades profesionales.

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