Ultimátum de la plataforma Centro Vivo al Ayuntamiento

Se desconvocan los paros del taxi y otras movilizaciones hasta el lunes, para que
el Consistorio ponga fecha a una reunión.
La plataforma Centro Vivo da al Consistorio seis días de plazo para que los cite a una reunión. Mientras, quedan desconvocados los paros de los taxistas para la feria. Hoy entregarán una carta en la que solicitan ese encuentro urgente con el alcalde o el delegado de Gobernación. Eso sí, la respuesta tendrán que darla antes del lunes a las 15.00 horas. De otro modo, «la suspensión quedaría sin efecto y las acciones previstas continuarían», según el escrito.Al Defensor del Pueblo

Así lo decidieron ayer por la tarde los componentes de la plataforma (vecinos, comerciantes, transportistas y taxistas). Durante estos días y los que duren las negociaciones,  los taxistas anulan la huelga. Lo harán efectivo mañana antes de acudir al Defensor del Pueblo para pedirle que medie en el conflicto.

La plataforma, que se compromete a dialogar para lograr facilidades de acceso, asume las incomodidades que van a sufrir durante las obras y piden comprensión a los ciudadanos. Están de acuerdo con la peatonalización progresiva, pero siempre que se consensúe con todos los colectivos. Y «consenso significa ceder por ambas partes», dice Tomás González, portavoz de Centro Vivo. Apoyan el Metrocentro, pero no el diseño final de la avda. de la Constitución, porque supone una «discriminación» del taxi como servicio de transporte público. Por ello, piden un plan de accesibilidad a medio plazo al centro.

Un encuentro de pocas palabras

Unos pocos minutos. Eso es lo que duró el encuentro entre taxistas y Ayuntamiento ayer por la mañana. Y claro está, no hubo acuerdo. El sector del taxi pide negociar las alternativas a través de la plataforma. Y el Consistorio asegura que se reunirá con ella, pero primero con cada colectivo por separado. No obstante, el delegado de Gobernación asegura que, si se producen los paros en feria, habrá servicios básicos en el aeropuerto y en Santa Justa, ya que «se los puede obligar a que presten el servicio para el que tienen una concesión».

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