El Defensor del Ciudadano, por ello, pide al Consistorio más mano dura; a la Delegación de Gobernación, que trate el asunto como un problema de incivismo (y no como una cuestión de limpieza), endureciendo hasta con 500 euros las multas, y a la Policía Local, que denuncie a los dueños que no recojan las cacas.
Ademas, solicita a Lipasam que busque patrocinadores para que las pinzas y bolsas le salgan más baratas y puedan distribuirse más y a Vía Pública que habilite espacios en los parques para el esparcimiento de estos animales.




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