El Gobierno trabaja para que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en la que la Fiscalía pasa a ser la encargada de dirigir la investigación en el proceso penal, sea aprobada lo antes posible e incluso pueda ver la luz antes de que concluya esta legislatura, aunque antepondrá el consenso de las fuerzas políticas.

Así se desprende de las declaraciones que ha realizado este martes en rueda de prensa el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha recordado que ya anunció el mes pasado en el Congreso que existía un borrador consolidado de trabajo y ha recalcado que no es todavía un anteproyecto de ley y aún queda "mucho trecho" que perfilar.

No obstante, el ministro, que en los últimos meses ha ido adelantando algunos detalles de la reforma, ha confirmado que el borrador se encuentra en "fase de deliberación" final y ha confiado en que el Consejo de Ministros pueda enviarlo al parlamento lo antes posible.

Tras señalar que "todavía hay algún tiempo de legislatura" para trabajar en ese texto legal, Caamaño ha asegurado que ante una reforma completa de la LECrim, como la que está en estudio, el Gobierno pone "por delante" la búsqueda de consenso y acuerdo.

"Eso nos llevará los tiempos que nos tenga que llevar, pero queremos una ley mayoritariamente consensuada en el Congreso y el Senado para que sea estable y existan elementos comunes pactados por todos en el proceso penal", ha dicho.

La novedad más importante en esta reforma de la LECrim es que la investigación "sustancial" recaerá en manos del fiscal, aunque, como ha subrayado Caamaño, se refuerza también la posición de los jueces como garantes del proceso, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.

El titular de Justicia ha explicado que el proyecto responde a la necesidad de establecer en nuestro país un proceso penal similar al que existe en otras democracias de nuestro entorno, y que su principal objetivo es aumentar las garantías judiciales.

Otra de las novedades del proyecto, dentro de ese objetivo de reforzar los derechos y las garantías de los ciudadanos en el proceso judicial, es la desaparición de la figura del imputado por la de investigado.

"Evitaremos las instrucciones generales, cuestiones que no han dado resultado a lo largo de estos 30 años de democracia a pesar de las adaptaciones que hemos hecho de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha dicho Caamaño, que ha rehusado dar más detalles de la reforma, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, que es quien toma la última decisión.

A juicio del titular de la cartera de Justicia, "la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla muchas de las garantías constitucionales, que el Tribunal Constitucional y el Supremo si contemplan , ya que es una ley con 129 años de antigüedad".