Cuatro días después del comienzo de la 'operación Saga', que investiga el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Junta Directiva de esta entidad ha anunciado la creación de una comisión rectora que dirigirá el organismo a partir del próximo 12 de julio. El todavía presidente, Teddy Bautista, seguirá provisionalmente al frente de la SGAE hasta el martes que viene, cuando quedará a disposición de la nueva comisión que tendrá poder para destituirlo.

Cinco miembros de la Junta Directiva de la SGAE -Víctor Manuel, Ernesto Caballero, Sabino Méndez, Caco Senante y José Ignacio Alonso- han comparecido este martes para comunicar la creación de esta comisión que asumirá todas las funciones de su Consejo Directivo y que abrirá una investigación interna para comprobar el presunto desvío de fondos.

"Teddy Bautista ni piensa dimitir ni ha sido instado a ello desde la Junta Directiva", ha dicho Caco Senante, que ha defendido la presunción de inocencia de su todavía presidente. Imputado por trama societaria en el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al haber presuntamente "autorizado, consentido y también impulsado" un desvío de fondos ideado por José Neri, director de la filial digital de SGAE (SDAE), Bautista permanecerá en su cargo, aunque la comisión rectora realizará un informe que decidirá su futuro en la entidad.

Sin embargo, Neri sí será apartado de la dirección de SDAE, según la Junta Directiva, "sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia". "El que lo ha tratado de una manera ha sido el juez, no nosotros", ha espetado Caco Senante en una rueda de prensa marcada por la tensión, las evasivas y las acusaciones cruzadas con la prensa. Bautista queda sujeto entonces a la investigación interna y a la supervisión diaria de esta comisión que se constituirá en la misma fecha en la que la cúpula entrante pensaba asumir sus cargos, el 12 de julio, tras las elecciones celebradas la pasada semana.

Por su parte, el cantante Víctor Manuel, que ha sido el encargado de leer el comunicado de la SGAE, ha precisado que la Comisión Rectora estará dirigida por una persona externa, independiente y de reconocido prestigio y se compondrá de cuatro autores y un editor, elegidos por la Junta Directiva.

Por el momento, según ha explicado Víctor Manuel, queda en suspenso cualquier nombramiento y se aplaza la designación de un nuevo Consejo, que debía formarse en una reunión de la Junta Directiva que estaba originalmente prevista para el día 12 de julio.

Los miembros de la Junta han querido expresar su "solidaridad con las personas y familias del presidente y de los directivos que han sido puestos en libertad, sin medidas preventivas". Asimismo, han reiterado su confianza en la inocencia de Bautista y de los otros directivos de la SGAE implicados y han insistido en que estrecharán la colaboración con la Justicia. A pesar de ello, la Junta Directiva ha comunicado que en caso de demostrarse las acusaciones se personará también como causa en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "Si el juez demuestra que Neri es culpable, nosotros nos querellaremos", ha asegurado Senante.

En cuanto a la posibilidad de repetir las elecciones de la SGAE, que se realizaron el día anterior al registro de la entidad y a la detención de nueve personas, los miembros de la Junta han asegurado sentirse "absolutamente legitimados". "Creo que sería una burla a los socios repetir las elecciones", ha señalado Víctor Manuel.

La comparecencia ante los medios de comunicación, prevista para la mañana de este martes, había sido postergada a la tarde a raíz del auto del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, que a última hora del lunes apuntó la existencia de una trama de desvío de fondos "ideada" por el director general de la SDAE (filial digital de SGAE), José Neri, para el que decretó prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros, y "consentida" por el presidente de la SGAE, Teddy Bautista.

El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a Bautista un delito de apropiación indebida "de especial gravedad" por el monto defraudado, que supera los 50.000 euros, aunque se desconoce la cifra definitiva por el secreto del sumario. Por ese delito puede ser condenado a un máximo de seis años de prisión. Otros cuatro más serían posibles si es declarado culpable del segundo delito que se le imputa: "administración fraudulenta".