Las investigaciones se iniciaron en mayo pasado tras la denuncia formulada en la Comisaría Provincial de Almería por una mujer que había sido objeto de amenazas y coacciones por integrantes de una organización criminal integrada por ciudadanos rusos y españoles.
Con anterioridad, a finales de 2004, la policía alemana había detectado en el aeropuerto de Dusseldorf a ocho mujeres rusas que viajaban a España con visados Schengen expedidos por la representación consular de Francia en Moscú.
Su objetivo era ejercer la prostitución en locales de alterne controladas por una red rusa, que facilitaba visados y billetes de avión por 700 euros.
Los integrantes de la red disponían de una cuenta bancaria a través de la cual se compraban los billetes de avión, en la que se detectó en ocho meses un movimiento de unos 35.000 euros.
Rusos y españoles
El grupo delictivo estaba formado por ciudadanos rusos que captaban en sus países de origen a las víctimas para su introducción ilegal en España, y españoles, que regentan los locales donde las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución.
Según la Policía, estos últimos compraban a los traficantes la deuda contraída por la víctima, pasando desde ese momento a ser de su "propiedad".
Otra de las formas era el pago al explotador ruso en distintos plazos, repartiéndose ambos los beneficios obtenidos por la mujer.
El principal implicado en estas actividades es un ciudadano ruso, domiciliado en Almería, propietario de varias agencias de viaje en su país, a través de las que gestionaba la documentación necesaria.
Las mujeres abonaban trescientos euros por adelantado y desde ese momento estaban ligadas a la organización al contraer una deuda por los gastos derivados del viaje de 1.200 euros, que deberían saldar una vez en España trabajando en locales de alterne.
El traslado desde Moscú hasta la provincia de Almería se realizaba mediante rutas indirectas y medios de locomoción distintos, como la de Moscú a Sttugart (Alemania), en línea regular de autobuses de la empresa rusa "Ahkop", y desde allí hasta la ciudad andaluza en avión de la compañía LTU, con escala en Palma de Mallorca.
Una vez en España, eran recogidas en el aeropuerto de Almería y trasladadas hasta Granada, donde comenzaban a trabajar en un club denominado "Punto G".
Varias fueron trasladadas con posterioridad hasta Córdoba, a una vivienda unifamiliar en la que había otros compatriotas, donde también ejercían la prostitución.
Tras dos semanas en Córdoba, una de las mujeres denunció los hechos y huyó a Tenerife, recalando en un chalet utilizado como prostíbulo, controlado por una pareja de ciudadanos rusos.
En Santa Cruz de Tenerife, se comprobó que las ofertas de trabajo se realizaban utilizando el periódico en lengua rusa "MK", con el reclamo de un sueldo mensual de 6.000 euros.
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