En cuatro Comunidades Autónomas las mujeres tienen que pagar el aborto

Este martes se cumple un año desde que entró en vigor la reforma de la Ley del Aborto en España y las mujeres de cuatro Comunidades Autónomas continúan teniendo que adelantar el dinero de la intervención. Lo que iba a ser una fórmula temporal de Cataluña mientras se adaptaba a la normativa se ha extendido a Cantabria, La Rioja y Navarra.

Además, los plazos para que la administración devuelva el dinero se han disparado. Por ejemplo, "las catalanas tardan unos 5 meses en recuperar el dinero", según denuncia la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai). La media es inferior en Navarra. Eso sí, allí las mujeres tienen que pagar más porque no hay centros para abortar en la comunidad y se ven obligadas a viajar fuera.

Según las clínicas, el número de abortos se ha reducido Pero estos no son los únicos problemas que está planteando la nueva normativa. En la Comunidad de Madrid, las seis clínicas privadas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo han enviado una carta a la Consejería de Sanidad porque no cobran. Aseguran que la administración les debe más de un millón de euros en atrasos y que si la situación no cambia tomarán medidas e, incluso, dejarán de practicar abortos en septiembre, adelantó a 20 minutos Luisa Torres, trabajadora social de la Clínica Dator, uno de los centros afectados. Este diario intentó conocer la versión de la Consejería, pero esta no quiso valorar la información.

Según Acai (que aglutina el mayor número de clínicas privadas del país), otras CC AA como Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia suspenden en confidencialidad. La ley busca garantizar el anonimato de las mujeres y en estas comunidades se utiliza el NIF para identificarlas y algunos documentos ponen el nombre y los apellidos.

Por todo ello, Acai ha pedido a la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín que "dicte cuantas disposiciones sean necesarias para unificar criterios en todas las autonomías", y a los gestores autonómicos que "no hagan una lectura particular de una ley", para que la Ley del Aborto sea aplicada "por igual en todo el territorio al margen de las posiciones políticas e ideológicas".

Menos interrupciones

Hace un año las asociaciones provida y algunos partidos, como el PP –que presentó un recurso ante el Constitucional para intentar derogar la Ley, que aún no está resuelto–, pusieron el grito en el cielo. Aseguraban que la normativa dispararía el número de abortos en el país.

Finalmente, el número de mujeres que ha decidido interrumpir su embarazo habría descendido un 10%. El bajón ha sido generalizado, aunque en Murcia se ha dado un repunte. Son datos de Acai. Ni Sanidad ni las CC AA han facilitado datos de balance del año de aplicación de la ley. Sí lo ha hecho la Fundación Red Madre, que afirma que los abortos han aumentado un 30% y se ha notado un repunte en los embarazos no deseados, que atribuye a una mayor "frivolización de la sexualidad". Además, la fundación ha denunciado que la situación es "especialmente sangrante" entre las menores de 16 años, porque "los propios padres las obligan a abortar".

Según las clínicas, la reducción mostrada en sus datos confirma el descenso de abortos en el país que comenzó hace tres años y que se debe a motivos como la venta sin receta de la píldora del día después, el descenso de inmigrantes, la reducción de mujeres en edad fértil en España y una mejor educación sexual.

Así es la ley

La ley, nacida en el seno del ya extinto Ministerio de Igualdad y actualmente gestionada por la cartera de Sanidad, permite el aborto libre en las primeras 14 semanas y hasta las 22 en caso de riesgo para la madre o por malformaciones incompatibles con la vida en el feto, implantó comités clínicos para la acreditación de las razones sanitarias del aborto y permite que las chicas de entre 16 y 18 años pudieran practicárselo sin consentimiento de sus padres o tutores.

Asimismo, conllevó la aprobación de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que fue aprobada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas a finales de 2010 y que, con una vigencia de cinco años, contempla ser evaluada bianualmente, por lo que hasta 2012 no se conocerá la perspectiva oficial sobre la aplicación de todas las medidas que contempla la nueva Ley, especialmente las dirigidas a fomentar una sexualidad responsable.