El Tribunal de Cuentas designará en los próximos días un instructor para investigar el caso de los presuntos ERE irregulares en Andalucía, según consta en una notificación del organismo fiscalizador.

El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, ha anunciado este sábado que el Tribunal de Cuentas, mediante la citada notificación con fecha del 24 de junio, ha admitido a trámite la denuncia que los populares, por medio de la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, y del propio Sanz presentaron el pasado 3 de mayo.

Según ha declarado el dirigente del PP andaluz, ha quedado demostrado que desde la Junta "se ha usado dinero de parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE", entre otras presuntas irregularidades.

El Tribunal de Cuentas reconoce en su comunicación a las partes que entiende que en la Junta pudo producirse "un perjuicio" a sus fondos.

Lo señala de esta forma: "Los hechos puestos de manifiesto por quien pretende ser actor público en este procedimiento permiten apreciar, siquiera indiciariamente, que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos".

El organismo fiscalizador, en su cédula, se hace eco de las demandas presentadas y manifiesta que pudieron producirse "irregularidades en la concesión de ayudas con fondos públicos de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía".

Más adelante, cita el tejido de un sistema de ayudas para "evitar procedimientos administrativos" que culminó en "un uso fraudulento" de los mismos. Ese desvío irregular se repitió entre 2001 y 2009, supuestamente.

Por último, reproduce la posibilidad de que esos fondos se destinaran a la ayuda a empresas en crisis "sin la concurrencia ni la publicidad adecuadas", por lo que cabe sospechar que con ellos pudo favorecerse a determinados alcaldes o cargos públicos.

"En definitiva, se ponen de manifiesto indicios de existencia de transferencias, subvenciones y pagos contrarios a las leyes", sentencia el organismo fiscalizador.

Vistos los indicios, el Tribunal considera que es conveniente acometer una investigación para concretar los hechos, y si es menester, iniciar acciones. Las partes afectadas disponen de cinco días para interponer un recurso de reposición a esta notificación.