Ahora, el PAR deberá depositar una fianza judicial de 200.000 euros, para lo que contará con el apoyo del PP, también opuesto al proyecto, mientras el gobierno municipal PSOE-CHA recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la suspensión de las obras.
El parón del proyecto durante varios años es inevitable, sin contar con que el juez puede descartarlo por completo, cuando emita su sentencia definitiva sobre las supuestas irregularidades administrativas denunciadas por el PAR.
El magistrado indica en su auto de suspensión de las obras (de 23 folios), entre otras cosas, que el proyecto debería incluir más plazas de aparcamiento, teniendo en cuenta que el nuevo campo iba a contar con un centro comercial, y que quizá no estaba bien valorado su presupuesto, porque el edificio nuevo con que se compensaría a las constructoras del campo, podría valer más que el propio estadio.
PSOE-CHA se mantienen
A pesar del varapalo que supone echar abajo uno de sus proyectos estrella, el gobierno municipal PSOE-CHA dijo ayer que mantenía el plan de reconstrucción del estadio, aunque tenga que ejecutarse 6 u 8 años más tarde. A este respecto, retaron a PAR y PP a que presenten un proyecto alternativo. La oposición conservadora, exultante con la paralización de La Romareda, solicitó la dimisión del responsable de Urbanismo, mientras PSOE y CHA cifraban la depuración de responsabilidades en las elecciones de 2007.
Otros argumentos del juez
Rechazo a la urgencia: El magistrado rechaza el argumento de PSOE y CHA de que urge un nuevo campo, al señalar que La Romareda tiene 50 años y «puede esperar cuatro o cinco más».
Zócalo comercial y aparcamientos: El auto judicial dice que el recinto comercial previsto en los bajos del estadio puede considerarse una gran superficie, que requeriría un informe de impacto comercial y más aparcamientos.
Un campo «mejor y más grande»: La ciudad, según el magistrado, puede tener interés en contar con un campo más grande y mejor dotado.
«Enormemente significativo»: El auto subraya que ninguna de las empresas adjudicatarias de la obra ha presentado escrito de impugnación de la solicitud de suspensión, porque temen las consecuencias de una licitación anulada o porque el retraso «no les perjudica».

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