Safja alude a un informe de Cámara de Cuentas que "alerta del derroche y la inseguridad que supone la externalización"

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) ha aludido a un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía para alertar sobre "el derroche económico que supone la externalización y la falta de seguridad en la protección de datos".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) ha aludido a un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía para alertar sobre "el derroche económico que supone la externalización y la falta de seguridad en la protección de datos".

En una nota, el Safja ha hecho referencia al informe de fiscalización sobre 'Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema Sirhus', donde "según este informe, la dotación de plazas para el mantenimiento del Sirhus hubiera supuesto un ahorro de más de cuatro millones de euros al erario público".

Safja recuerda que en dicho informe, la Cámara de Cuentas de Andalucía "advierte de que la carencia de personal, motivada principalmente por la falta de dotación presupuestaria, ha obligado a la Dirección General de la Función Pública a la contratación externa de personal, como es el caso del contrato 'Acuerdo de nivel de servicio para el mantenimiento del sistema Sirhus'".

El informe señala que la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Función Pública "está cubierta sólo en un 60 por ciento" y apunta que esta insuficiente ocupación de plazas se hace especialmente evidente en los servicios de Administración Sirhus, donde cinco de las 20 plazas están sin consignación presupuestaria, y del área de informática, donde son 12 de las 30 plazas".

El Safja agrega que la Cámara de Cuentas "llega aún más lejos y en el informe hace especial mención al ahorro que la dotación de plazas conllevaría frente al despilfarro de la externalización", de forma que la necesidad de la contratación de recursos externos para garantizar la realización de tareas "excede con mucho la disponibilidad de recursos humanos" del servicio de informática, de manera que "si se contase con los créditos presupuestarios necesarios para cubrir la totalidad de las plazas de este servicio, la cifra resultante, que ascendería a 0,45 millones para el ejercicio 2009, sería sensiblemente inferior al importe de este contrato, que fue adjudicado el 14 de agosto de 2009 en 4,59 millones por un periodo de dos años".

Safja muestra su "indignación" ante "la evidencia del enorme gasto que provoca la contratación de personal externo de Sadiel, en este caso". Ha agregado que el sindicato "lleva años denunciando este derroche, cuya solución no es otra que dotar las plazas necesarias, ahorrando la nada desdeñable cifra de más de cuatro millones de euros".

Ha criticado el fenómeno de la externalización, "que prescinde de las previsiones que establece nuestro ordenamiento jurídico tanto para el ejercicio de potestades públicas, el Sirhus conlleva el manejo de datos personales correspondientes a los funcionarios de la Administración General de la Junta, como para el acceso a la función pública bajo los principios consagrados por nuestra Constitución de igualdad, mérito y capacidad".

La Cámara de Cuentas de Andalucía insiste en que "deben desarrollarse los procedimientos de selección de personal necesarios para completar la relación de puestos de trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en todas las administraciones públicas, la contratación externa de personal pudiera tener un coste superior al de los créditos presupuestarios necesarios".

Asimismo, alude al apartado del informe de la Cámara de Cuentas que hace referencia a la política de seguridad del sistema Sirhus, "que está desprotegido frente a vulnerabilidades y carente de los sistemas de seguridad adecuados para la protección de los datos que se almacenan".

Por ello, Safja subraya la gravedad de este asunto, "sobre todo porque la información recopilada es la relativa a la gestión de los recursos humanos del personal de la Junta de Andalucía, a sus nóminas y a otros datos personales, que podría conllevar responsabilidades por parte de la Junta de Andalucía al vulnerar la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal".

Así, el informe señala que la política de seguridad de la Consejería de Justicia y Administración Pública en general, "debe mejorar" y establece una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que "no se ha producido un análisis de los riesgos por amenazas y vulnerabilidades en cuanto a la seguridad de los sistemas de información de la Consejería; el documento de seguridad, previsto en la normativa sobre protección de datos, no está actualizado ni revisado desde su implantación en 2003; los controles periódicos sobre el cumplimiento de este documento de seguridad, conforme a la normativa sobre protección de datos, no se han ejecutado".

Agrega que "varias personas disponen de más de una tarjeta de acceso al centro de proceso de datos; no hay un registro de entradas de las personas a este centro, sobre todo de aquellas que no tienen tarjeta y acompañan a personal autorizado puntualmente; ni hay procedimientos para la renovación periódica de claves ni un sistema de generación automática de las mismas".

Safja ha agregado que además de todas las irregularidades denunciadas en el informe, a su juicio, "el colmo de la insolencia que la caja fuerte que guarda las copias de seguridad no se cierra".

Por ello, y respaldando el argumento del informe de la Cámara de Cuentas andaluza, el Safja entiende que esta "irresponsabilidad" por parte de la Junta de Andalucía deben ser subsanadas "de inmediato" y exige que se adopten "las medidas oportunas para corregir tales irregularidades, que se actúe responsablemente por parte de la Junta y que se doten las plazas pendientes de ser cubiertas, en tanto en cuanto, ello supone un derroche innecesario de dinero del conjunto de los andaluces".

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