Las indemnizaciones por negligencias son muy variadas. Van desde los 3.000 euros con que se intentará compensar a una familia que no fue informada de la muerte del padre y, por tanto, no pudo despedirse de él hasta los 793.604,84 euros que recibirán los padres de una niña de Elda que nació con tetraplejia por sufrimiento fetal.
Entre estos dos extremos quedan decenas de casos con sentencias que tratan de cuantificar el daño económico, y sobre todo emocional, de los denunciantes: mujeres que parieron niños con síndrome de Down u otras enfermedades porque no les hicieron pruebas o se las hicieron mal; un legrado que dejó sin regla a la paciente, de 25 años; enfermedades contagiosas (sida y hepatitis) que no se comunicaron a los afectados y que éstos propagaron involuntariamente; tumores falsos, pero también tumores no detectados; operaciones intestinales que dejaron diarreas crónicas; amputaciones que no habrían sido necesarias con tratamientos adecuados y a tiempo...
Hay incluso negligencias mortales que eran evitables, en opinión de los jueces: de una niña con alergia que esperó durante 35 minutos a que la atendieran porque el equipo médico se había perdido o de un hombre con hernia a quien le cortaron la aorta sin querer en la mesa del quirófano, por poner dos ejemplos letales.
Además de por negligencias, Sanidad ha acabado en los tribunales por los intereses de deudas pendientes y por médicos que le reclaman el cobro de pacientes a los que han visitado pero por los que no les ha pagado.
Condenas sin dinero por medio
De las 54 sentencias sanitarias rescatadas de los archivos judiciales valencianos de 2004 y de lo que llevamos de 2005, sólo una carece de referencia económica expresa. Se trata de un fallo que equipara el conflicto laboral que vivió una sanitaria a un accidente laboral (no a mobbing). La cuestión monetaria también queda en segundo término en otra causa que declara nulo un despido. En las restantes, los euros son los protagonistas y el montante total que se maneja supera los diez millones. El 70% de todas las condenas se refieren a errores médicos, el 17% a deudas impagadas y el 9% a facultativos que han visto a pacientes pero no han cobrado por ellos.


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