El mandato de nueve años de los magistrados del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que han presentado su renuncia este lunes, concluyó el pasado mes de noviembre. Desde entonces, ejercen su cargo "en funciones" a la espera de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en los nombres de sus posibles sustitutos.
Los principales partidos del arco parlamentario español tienen que llegar a un consenso en este tema, ya que hace falta una mayoría de tres quintos en el Congreso para avalar a los jueces propuestos. Donde sí hubo acuerdo en su día fue en el Senado, que también tiene capacidad de designación en el Alto Tribunal: el 11 de enero entraron cuatro nuevos magistrados.
El ex presidente del CGPJ Francisco José Hernando, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos y los también catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega obtuvieron el apoyo de la Cámara Alta el pasado mes de diciembre, aunque con tres años de retraso respecto al plazo establecido.
La toma de posesión de éstos también se vio retrasada ante la incapacidad del PSOE y el PP de pactar los cuatro candidatos del Congreso, aunque finalmente ambos partidos, enrocados en sus posiciones, tiraron la toalla y decidieron que la renovación del TC fuera parcial y no en bloque.
Escenario desconocido
Esto provocó un escenario desconocido en Constitucional, que ya contaba con un magistrado menos por la vacante no cubierta de García Calvo -fallecido en 2008- y que, desde enero, tenía además otros tres magistrados con el mandato caducado, los que acaban de renunciar.
El principal escollo en las negociaciones parece centrarse exclusivamente en un nombre, el del exportavoz del CGPJ Enrique López, a quien los 'populares', que ya quisieron designar magistrado del Senado, insisten en proponer y los socialistas continúan sin aceptar.
Hasta ahora tampoco han surtido efecto las críticas que han recibido PSOE y PP por su falta de acuerdo, ni siquiera el toque de atención de la presidenta saliente del TC María Emilia Casas, que en su discurso de despedida acusó a la clase política de "infringir" las previsiones constitucionales, que ordenan renovar por tercios el tribunal cada cuatro años.
Una llamada de atención en la que el actual presidente, Pascual Sala, que tomó posesión en enero, insistió en la introducción a la Memoria del TC del pasado año. Así, Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera habrían intentado con su renuncia forzar a los partidos a que lleguen a un acuerdo en el menor tiempo posible y la renovación total del Alto Tribunal sea una realidad.
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