Tras una investigación de dos años, Del Olmo concluyó que los atentados, en los que murieron 191 personas y 2.000 resultaron heridas, fueron perpetrados por una célula local independiente de islamistas que fue inspirada, pero no dirigida, por Al Qaeda.
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Del Olmo acusó a cinco personas - Jamal Zougam, Rabei Osman el 'Egipcio', Hassan el Hasky, Yousef Belhadj y Abdemaid Bouchar - de 191 asesinatos y 1.755 en grado de tentativa, mientras que otras 23 fueron procesadas por colaboración.
Entre las pruebas enumeradas en el texto figuran las finanzas del grupo y las transcripciones de conversaciones telefónicas.
Nueve de los procesados son españoles. Entre ellos, José Emilio Suárez Transhorras, un ex minero que proporcionó los explosivos. Se le acusa de 192 asesinatos, al incluir el del GEO que murió en Leganés durante una redada efectuada semanas después contra supuestos autores de los atentados.
Siete destacados sospechosos murieron en dicha redada al inmolarse tras verse rodeados por la policía, mientras que otro huyó de España y murió luchando en Irak.
Los extremistas se inspiraron en una página web que instaba a perpetrar atentados en España antes de las elecciones generales del 2004 para provocar la retirada de tropas de Irak.
De las 116 personas imputadas por su relación con los atentados, 25 están en prisión preventiva. Ahora, el juez ha decidido revisar la prisión de cuatro de los encarcelados - tres españoles y un marroquí -, a los que impone fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros.
Dada la complejidad del caso y el número de personas implicadas, sin precedentes en España, el juicio podría no empezar hasta la primavera de 2007 y durar hasta 10 meses, según fuentes judiciales.
Además todavía no se ha escogido una sede para su celebración, pero tendrá que ser de gran tamaño para poder acoger a los cientos de periodistas, abogados, funcionarios judiciales y miembros del público. Fuentes judiciales han mencionado incluso la posibilidad de que fuera en un recinto cerca del aeropuerto.
Del Olmo dice además que los atentados 'costaron muy poco' y cifró el coste total de los explosivos, alojamientos y teléfonos móviles usados para detonar las bombas en algo más de 54.271 euros. Buena parte de él se pagó en drogas en lugar de dinero.
Pese a que Madrid se recuperó pronto de los atentados, no han cesado las disputas políticas para averiguar quién sabía qué, cuándo y cómo se utilizó la información en esos días, que precedieron a las elecciones generales del 14 de marzo, ganadas inesperadamente por el PSOE.
El documento también dice que el CNI advirtió al Gobierno de un incremento explícito de la amenaza islamista en España y recomendó en octubre de 2003 que incrementara las medidas para prevenir un ataque en España.
/Por Ben Harding/
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