En declaraciones a Europa Press, el controlador aéreo y presidente de ATC Petition —organización que nació en la capital andaluza y que ha conseguido apoyos a nivel nacional—, Ignacio Ruipérez Aguirre, ha indicado que tras un tiempo de presión los controladores han conseguido formar parte de la orden del día de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo del próximo 14 de junio.

En esta petición también se ha incluido a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) que hizo "la petición algo más tarde", pero que el Parlamento Europeo "ha unido".

De esta manera, según ha señalado, la ATC Petition está presente en los tres ámbitos europeos, por un lado, en el Ejecutivo, estando en la Comisión; en el legislativo, con el Parlamento, y en el judicial, con el Tribunal de Justicia de la UE.

Ruipérez ha indicado que después de que el Parlamento Europeo considerara en su día que las instituciones europeas debían intervenir en el cambio de legislación aplicado en los controladores españoles, la asociación ha conseguido que "se escuchen directamente" sus argumentos.

Por último, ha recordado que la comisión de peticiones se engloba en un momento "delicado" porque "Eurocontrol está pidiendo cuentas a España después de 16 meses de aplicación de estas leyes y no se ha conseguido absolutamente nada". A esto se suma, según ha apuntado, que las "demoras en España están siendo record", ya que "el año pasado hubo casi 48 choques en vuelo, lo que se llama 'cuasi colisiones' en un año, y Eurocontrol está verdaderamente preocupado".

ATC Petition es una asociación nacional que pretende respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de los controladores españoles, según se puede ver en su web, recogido por Europa Press.

En cuanto a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, "cualquier" ciudadano de la Unión Europea o residente en cualquiera de sus Estados miembros puede presentar una petición al Parlamento Europeo, individualmente o en asociación con otras, sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea también pueden ejercer este derecho de petición, garantizado por el Tratado.

Una petición puede consistir en una queja o en una solicitud y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado, según se indica en el web del Parlamento Europeo. Asimismo, la petición puede contener una solicitud particular, una queja u observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto. Estas peticiones dan al Parlamento la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución.