El presidente del Congreso, José Bono, está decidido a suprimir el complemento de pensión al que pueden acogerse los parlamentarios que han ocupado escaño durante al menos siete años, a dar la máxima publicidad posible al patrimonio de diputados y senadores, y a dificultar la compatibilidad del escaño con actividades particulares de sus señorías.

Así se lo ha avanzado ya Bono a los grupos parlamentarios mientras ultima la propuesta que tiene previsto presentar este mes y que ha realizado en coordinación con el presidente del Senado, Javier Rojo, informaron fuentes parlamentarias.

Para la elaboración de ese documento, Bono ha tomado como base las propuestas que los distintos grupos le remitieron el pasado mes de febrero con sus ideas para reformar el régimen de protección social de los parlamentarios y el sistema de incompatibilidades al que están sujetos, así como para dar a conocer sus bienes.

Bono recabó la opinión de los grupos sobre estos temas a raíz de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, abogara por suprimir el complemento de pensión por considerarlo un "privilegio", una propuesta que ya había planteado meses antes sin éxito la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez.

El resto de los grupos parlamentarios advirtieron del riesgo de perjudicar a quienes ya se han acogido a este derecho, en su mayoría políticos que no cotizaron por haber estado en el exilio o la clandestinidad durante la dictadura, pero sí aceptan revisar o limitar su aplicación de ahora en adelante.

En principio, Bono está dispuesto a suprimir esta prestación pero sin efectos retroactivos, es decir, respetando los derechos adquiridos por aquellos exparlamentarios que ya se benefician del complemento.

El actual sistema parte del hecho de que los diputados no cotizan como el resto de ciudadanos y no tienen derecho a subsidio de desempleo. De ahí que UPyD, ERC-IU-ICV, NaBai, UPN y Coalición Canaria aboguen por regular la protección social de los parlamentarios para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos, algo que los partidos mayoritarios no tienen en mente a corto plazo, por lo que en principio no se incluirá en la propuesta de Bono.