El Congreso aprueba definitivamente la Ley Orgánica de Educación

La LOE sustituye a la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) del PP, cuyo calendario de aplicación suspendió el Gobierno socialista tras asumir el poder, y suprime dos leyes anteriores socialistas.

Durante el debate parlamentario, la ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, aseguró que la ley ha sido consensuada con las comunidades autónomas, y subrayó que las claves de su éxito son la cooperación entre las administraciones y la incorporación de un presupuesto económico para garantizar los compromisos que se asumen.

'Estamos proponiendo que actuemos a la vez en diferentes frentes, que les demos mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes en los centros públicos. Esta ley nos permite impulsar a nuestra educación pública más lejos de lo que ha llegado nunca', afirmó, añadió.

Entre otras disposiciones, la LOE prevé que el 65 por ciento de las materias sean comunes en toda España, porcentaje que pasa al 55 por ciento en las comunidades con lengua propias.

Además, los alumnos podrán repetir una vez en Primaria y dos en Secundaria, donde no se podrá pasar de curso con tres suspensos, salvo excepciones.

Respecto al conflicto por la materia de religión, esta asignatura - que no será evaluable - será obligatoria para el centro pero voluntaria para los alumnos. También se crea la materia 'Educación para la ciudadanía', donde se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.

RECHAZO ENMIENDAS DEL SENADO

El diputado del PSOE, Raimundo Benzal, anunció el rechazo de su grupo a algunas enmiendas aprobadas en el Senado, algunas de ellas consensuadas entre el PP y CiU, entre las que destacó aquellas que imponen a las administraciones educativas unas condiciones y unas obligaciones de promoción de plazas privadas.

También rechazó la retirada de la asignatura Educación para la Ciudadanía porque, según subrayó, 'no es ni alternativa ni sustituye a la religión'. 'Es importante volver a la situación inicial con la que partió de este Congreso porque se quiere introducir la (...) religión impuesta a todos (...) cuando el derecho de unos al tener esa alternativa no implica un deber académico de otros.

Finalmente, explicó que la ley recoge la posibilidad de que los padres elijan centro, pero que éstos no puedan elegir a los alumnos.

Por el contrario, Ana Pastor, del PP, insistió en la defensa del principio de libertad en el modelo educativo, y anunció el voto favorable de su partido a aquellas enmiendas que favorecen la autonomía de los centros y su posibilidad de diferenciación mediante la especialización curricular.

Organizaciones de izquierdas que agrupan a estudiantes y profesores consideran que el texto ha girado a la derecha durante la tramitación parlamentaria y no defiende adecuadamente la enseñanza pública.

Sin embargo, la ley también se ha encontrado con la oposición frontal de algunas organizaciones conservadoras de padres y profesores que, entre otros aspectos, creen que no permite decidir a las familias la formación religiosa y moral de sus hijos.