La Junta de Castilla-La Mancha ha decidido suspender definitivamente las reuniones previstas con el PP para preparar y facilitar el traspaso de poderes, aplazádolas al momento en el que la presidenta electa, María Dolores de Cospedal, haya nombrado a los consejeros.

Así lo ha anunciado Santiago Moreno, consejero de Presidencia y Administraciones Públicas en funciones, que ha dicho que la decisión se ha tomado después de que los populares generasen "alarma social" diciendo que Castilla-La Mancha estaba en "quiebra total". No obstante, ha dejado claro que el Ejecutivo pondrá a disposición del futuro gobierno y sus consejeros toda la documentación e información que requieran.

"Es un ejercicio de "responsabilidad democrática que el gobierno saliente garantice que el gobierno entrante pueda tomar todas las decisiones que considere oportunas desde el minuto cero", ha dicho Moreno. El consejero ha resaltado que esta colaboración no sólo se va a producir al día siguiente de la toma de posesión, sino "durante los próximos meses".

Por otro lado, Moreno ha exigido "con toda la firmeza" a los responsables del PP una rectificación pública. Igualmente, ha calificado de "rotundamente falsa" la acusación del PP de que se están destruyendo documentos oficiales porque la destrucción de cualquier documento que forme parte de un expediente público administrativo "sería un delito".

Moreno ha contestado también al secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, que advirtió hace unos días de que a partir del mes que viene el nuevo gobierno tendrá que buscar fórmulas para pagar a los 70.000 empleados públicos que hay en la comunidad autónoma.

El consejero ha dicho que el pago está asegurado en los próximos meses y que nunca ha estado ni estará en peligro, "si no hay una voluntad contraria". "Este Gobierno ha cumplido siempre escrupulosamente con el deber de retribuir a los empleados públicos", que deben estar tranquilos, "porque tienen sus nóminas aseguradas este mes y los que restan", explicó.

Añadió que las retribuciones de todos los empleados públicos suponen 275 millones de euros al mes, mientras que Castilla-La Mancha recibe mensualmente 350 millones de euros de transferencias por la participación en los ingresos del Estado. "Por lo tanto las nóminas de los empleados públicos ni han estado, ni están y ni estarán nunca en peligro si no hay una voluntad contraria", reiteró.

El "número tres" del PSOE, Marcelino Iglesias, ha acusado, por su parte, al PP de una "deslealtad sin límites" que roza el "gamberrismo político" por criticar la situación económica de algunas comunidades.

El secretario de Organización del PSOE ha dicho en rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se trata de una estrategia de ese partido para justificar los recortes que se propone realizar.

Para Iglesias el comportamiento del PP es "una gravísima irresponsabilidad", teniendo en cuenta que dirige las comunidades y los ayuntamientos más endeudados de España y que no se le ha entregado todavía ningún documento oficial.

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno en funciones de la comunidad autónoma de ocultar datos y "mentir" a los ciudadanos sobre la situación financiera de la región. Así, ha prometido adoptar las medidas que sean necesarias, sin descartar las judiciales, para que esa información se conozca, según el secretario de Acción Parlamentaria del PP regional, Leandro Esteban.

Esteban ha criticado con dureza tanto la actitud "chulesca y prepotente" del Gobierno de José María Barreda en el proceso postelectoral como una gestión económica "desbocada" que ha convertido a Castilla-La Mancha en "campeona de España en déficit y despilfarro".

El dirigente del PP ha asegurado que los proveedores "se agolpan" en las puertas de los centros de la Junta, algunos con facturas pendientes desde hace un año, mientras el Gobierno regional ha superado en cuatro meses el límite de déficit permitido para todo el año. Esos son los "datos oficiales" a los que ha aludido para justificar la afirmación realizada el pasado viernes sobre la situación de "quiebra total" de la comunidad autónoma.