El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado este jueves que el Gobierno no pondrá trabas al ERE que plantea Telefónica para 8.500 trabajadores siempre y cuando la compañía asuma los costes de los subsidios por desempleo que se pagarán a los trabajadores afectados.

Trabajo quiere que Telefónica asuma el coste que supone que esos trabajadores cobren prestaciones por desempleo, ya que, al contrario que otros parados, no tienen intención de buscar otro puesto de trabajo sino pasar a la jubilación. En concreto, el titular de la cartera de Trabajo ha afirmado que si Telefónica, que tiene "todo el derecho" a producir los ajustes de empleo que "estime convenientes", se hace cargo de los costes del proceso, no "habrá dificultad" alguna para aprobar el ERE. En este sentido, Gómez adelantó que la compañía ha expresado "verbalmente, en alguna ocasión" su disposición a hacer frente a estos costes.

En cualquier caso, Gómez recordó además que hasta dentro de mes y medio, "más o menos", el Ministerio de Trabajo no tiene que tomar una decisión sobre el ERE de Telefónica. En este sentido, una vez Telefónica presente al Ministerio de Trabajo la memoria explicativa de su ERE, los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que ésta decida si el proceso se ajusta a la legalidad.

Tras el caso de Telefónica, el ministerio de Trabajo ha introducido una enmienda al proyecto de ley de políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que presenten un ERE que afecte a trabajadores de 50 años asuman las prestaciones por desempleo que van a percibir, normativa que Valeriano Gómez prevé que se apruebe en julio. Aunque en un principio el ERE de Telefónica debería haber recibido el visto bueno de Trabajo antes de julio, Valeriano Gómez insistió en que discutirán con la multinacional española el que los costes de la protección por desempleo no corran a cargo del Estado. "Hay razones para ello y el Ministerio de Trabajo es la autoridad laboral", precisó Valeriano Gómez.

El ministro de Trabajo ya afirmó el pasado mes de abril que Telefónica podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Gobierno para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso.

Asimismo, Gómez tildó de "poco brillante" la coincidencia entre el anuncio por parte de Telefónica de una posible reducción de su plantilla en España y, al mismo tiempo, de un plan de retribuciones a sus directivos. "No me parece una buena forma de empezar un ERE, y no ha sido una actuación de las más brillantes de la compañía a lo largo de su historia", afirmó.

Gómez precisó además que las críticas del Gobierno versaban, no tanto en el ejercicio de un derecho por parte de Telefónica, "que no tiene discusión", sino en el hecho de que este ajuste se anuncia al mismo tiempo que se aprueban "multimillonarias retribuciones" para los directivos, que "casan mal" con el concepto de responsabilidad social corporativa de la compañía. "Eso es lo que hemos criticado, que durante el momento en que se anuncia el ERE coincida con una gran retribución para sus principales directivos", atajó el ministro.