El TSJCV pide a las partes que se pronuncien sobre la acumulación de causas

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha concedido un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la acumulación de los dos procedimientos que, en relación con el 'caso Gürtel', ha iniciado y concluido su investigación: la de presunta financiación irregular, delito electoral en 2007 y falsedad documental en 2008 atribuidas a la cúpula del PPCV y la denominada 'causa de los trajes', en relación con los presuntos trajes regalados por la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros dirigentes del PPCV.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha concedido un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la acumulación de los dos procedimientos que, en relación con el 'caso Gürtel', ha iniciado y concluido su investigación: la de presunta financiación irregular, delito electoral en 2007 y falsedad documental en 2008 atribuidas a la cúpula del PPCV y la denominada 'causa de los trajes', en relación con los presuntos trajes regalados por la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros dirigentes del PPCV.

En relación con esta acumulación, la sala señala, en su auto de 62 páginas dado a conocer este miércoles, y el en que acuerda investigar parte de la inhibición planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tanto el ministerio fiscal como la acusación popular —ejercida por el PSPV—, han insistido en sus alegaciones, como ya hicieron ante el juez instructor del TSJM, Antonio Pedreira, "en la necesaria relación y conexidad" entre los hechos comprendidos en ambas causas. "Ello, hasta tal punto, que mencionan que de ello puede depender la adecuada calificación de los hechos en el otro procedimiento", indica.

El tribunal subraya que esta razón de conexidad "fue la razón esencial en que se basó inicialmente la inhibición acordada" por Pedreira, aunque la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió, revocando su decisión, que obedecía a razones de territorialidad y dejaba a criterio del TSJCV la resolución a adoptar.

Una vez asumida la competencia, la sala, "dado que la inhibición ha sido admitida parcialmente y que, respecto de la acumulación deben ser oídas las partes a las que necesariamente puede afectar" —incluidas las de la 'causa de los trajes' (procedimiento del Jurado), que no se encuentran en este proceso—, previa a la designación del instructor, les concede un plazo de cinco días para que puedan realizar alegaciones sobre la procedencia de la acumulación de ambas.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 300 de la Lecrim y la pluralidad de hechos de la inhibición, lo hace para que "puedan extender dichas alegaciones a la posibilidad de separar los hechos asumidos" en éste en diversos procedimientos.

Según han explicado a Europa Press fuentes del TSJCV, la resolución de la sala sobre la competencia no es firme y contra ella cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, que comienzan a contar desde este jueves. Posteriormente, es cuando se da a cada una de las partes simultáneamente los cinco días de plazo para que se pronuncien sobre la conveniencia de acumular ambos procedimientos.

Audiencia preliminar

Si bien este procedimiento que acaba de asumir la sala empieza su andadura en el TSJCV, la conocida como 'causa de los trajes' está hasta este momento únicamente pendiente de que, por parte del magistrado instructor, José Flors, se fije la fecha de la audiencia preliminar prevista en la ley del Jurado para que las distintas partes se pronunciaran sobre la procedencia de la apertura de juicio oral contra Camps y el resto de imputados, una vez resueltos todos los recursos.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción pide 41.250 euros de multa para Francisco Camps, por un delito de cohecho pasivo, el mismo importe que solicita para el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y para el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret, mientras que reclama 35.000 para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. El PSPV, que ejerce la acusación popular, solicita por su parte hasta un total de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat.

La defensa del jefe del Consell pide por su parte que se acuerde la libre absolución de Camps y el sobreseimiento de las actuaciones porque entiende que las acusaciones contra él son "infundadas e improcedentes".

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