El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Badajoz ha acordado plantear cuestión de inconstitucionalidad, según el auto emitido a raíz de un recurso de CSIF planteado contra la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado por la que se minoraban las retribuciones del personal laboral de la Administración, ya que según este juzgado, el citado decreto Ley "podría vulnerar hasta cinco artículos de la Constitución Española".

En una nota, CSIF destaca que "se ha obtenido un nuevo éxito jurídico al elevarse al TC el recurso planteado contra la Ley".

En este sentido, según el recurso planteado por la asesoría jurídica de CSIF, "en estrecha colaboración con la de CSIF-A", dicha Ley "podría vulnerar los artículos 86.1 (al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos), 14 (ya que la reducción de los salarios no afecta a todos los empleados públicos por igual), 31 (al configurar un recorte como una norma fiscal y de alcance progresivo y confiscatorio), 33.3 (al recortar derechos fundamentales de los funcionarios) y 134 (por invadir el Decreto Ley 8/2010, materia reservada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado) de la Constitución".

Con la elevación de esta cuestión al TC, CSIF consigue "otro éxito en su defensa de los empleados públicos y en contra de los recortes salariales, como ya sucedió por ejemplo con respecto al personal laboral en el auto sobre conflicto colectivo y que también fue elevado como cuestión de constitucionalidad al considerar que el decreto Ley 2/2010 de la Junta de Andalucía podía haber vulnerado el contenido esencial del derecho de libertad sindical en relación con el derecho de negociación colectiva".

A juicio del sindicato, estos dos autos, "de gran calado jurídico, constituyen dos éxitos en la batalla jurídica de CSIF y demuestran la perseverancia de esta central sindical en la defensa del empleado público por encima de instituciones como el Defensor del Pueblo Español u otras superiores, que se negaron a defender a los empleados públicos; funcionarios, estatutarios y personal laboral, en este aspecto mediante un recurso de inconstitucionalidad".

Con ello, CSIF espera que el Tribunal Constitucional "ponga finalmente cordura en este tema y nos de la razón, frente a la injusticia y al disparate de los tijeretazos salariales que han realizado los gobiernos, central y andaluz, con sus empleados públicos".