La Junta Electoral Central (JEC) ha dictaminado que las concentraciones del 'Movimiento 15 de Mayo' son contrarias a la legislación electoral. Entonces, ¿se pueden mantener las acampadas que ocupan plazas públicas en 60 ciudades españolas? En la Red surgen reflexiones e interpretaciones del acuerdo alcanzado por la JEC y, además de críticas y alabanzas, ya hay abogados que ven resquicios legales.

David Maeztu, autor del blog 'Derecho y normas', considera que si en las concentraciones no se pide el voto para nadie, ni se pide que se deje de votar a un partido, ni se impide el libre acceso a los colegios electorales, estas serían compatibles con el acuerdo alcanzado por la JEC. "Sinceramente creo que hay margen jurídico, y razones jurídicas al margen de las políticas o de conveniencia, para permitir aquellas acampadas que respeten los parámetros señalados por la JEC", explica Maeztu.

Como él, otros abogados comentan en Twitter -altavoz primordial del movimiento social del 15-M- que acampar y reunirse en jornada de reflexión no es legalmente un acto electoral, definido en la propia ley como todo acto que tiene como objetivo "la captación de sufragios", explica el abogado Carlos Sánchez-Almeida. Este abogado considera que la JEC se ha equivocado en su acuerdo.

La asamblea de los acampados en Sol ha dicho que "respeta" la decisión de la Junta Central, que no ha convocado marcha alguna para este sábado, pero que seguirán adelante con lo que denominan "el ejercicio de reflexión colectiva" que llevan a cabo en el centro Madrid. Para media noche han  convocado un "grito mudo" con el objetivo de "aunar todas las fuerzas hacia la conciencia colectiva".

Izquierda Unida ha infomado de que tiene intención de recurrir la decisión de la JEC ante el Supremo y el Constitucional. Sin embargo, los abogados consultados aseguran que, a unas horas del día de reflexión, no hay tiempo para esperar resultados del recurso.

El proceso legal, ahora, es el siguiente: las Juntas Electorales Provinciales deberán hablar con las Delegaciones del Gobierno y con los mandos policiales para que hagan cumplir la medida acordada por la Junta Electoral Central. ¿Cómo lo harán? Es una incógnita. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya ha dicho que el ministerio del Interior "actuará bien, correctamente, con inteligencia" en relación con las concentraciones.

Pese a que muchos abogados consideran que las acampadas no constituyen un delito electoral, lo cierto es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (la Loreg) -en su artículo 153- especifica que "cualquier infracción de las normas obligatorias establecidas que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente" y establece para los particulares multas de entre 100 y 1.000 euros.

Las organizaciones que han estado más vinculadas a la protesta, Nolesvotes o Democraciarealya, han hecho este viernes un gran esfuerzo por desvincularse de las acampadas, "que son autónomas e independientes unas de otras". Su temor es que, si la cosa se pone muy en contra suya, puedan incluso acusarles de sedición (alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes) que tiene penas de prisión de hasta diez años.

Además de desvincularse, los portavoces de ambas asociaciones hacen "una llamada a la responsabilidad para evitar a cualquier precio cualquier acto de violencia". De hecho, algunos abogados advierten de que los actos violentos darán pie a desalojos policiales y cualquier resistencia no pacífica podría considerarse atentado contra la autoridad.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia ha hecho pública su oposición a la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones. "Queremos manifestar, desde el máximo respeto a dicha Junta, nuestra discrepancia con su acuerdo ya que creemos que viene a crear un problema nuevo desde una interpretación restrictiva de un derecho fundamental como el de reunión tan profundamente vinculado a una sociedad democrática".

En el lado contrario, el profesor de derecho constitucional del CEU Pablo Nuevo asegura que en cuanto que los concentrados piden que no se vote a varios partidos, las acampadas son actos electorales. Defiende que la JEC ha aplicado la legalidad vigente y cree que la Policía debe hacer cumplir "proporcionadamente" la medida. Nuevo pide que haya agentes de la Policía impidiendo las concentraciones, pero que sólo haya desalojos por la fuerza en caso de que se produzcan altercados "como quema de contenedores, rotura de cristales o agresiones a periodistas".