Cientos de miles de personas desaparecieron en la Guerra Civil y hubo miles de desaparecidos, torturados y encarcelados durante los 36 años de la dictadura del general Francisco Franco.
'A pesar de existir una Comisión Interministerial que lleva casi dos años trabajando y del compromiso del presidente (José Luis) Rodríguez Zapatero de priorizar este asunto, no ha habido ningún avance sustantivo hacia la reparación de las víctimas, y sí muchos retrasos y obstáculos', aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En vísperas del 1 de abril, aniversario del final de la Guerra Civil, y en el año en que se cumple el 70 aniversario del comienzo de la contienda, la organización presentó en Madrid el informe 'Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad'.
En él pide que el Gobierno modifique una orden de diciembre de 2005 que considera que 'privatiza' la exhumación de los restos, al dejarlo en manos de particulares o agrupaciones, y pide que sea el Gobierno el que 'investigue, exhume e identifique a los desaparecidos'.
AI cree que hay decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes de la época de la Guerra Civil y los años posteriores.
La organización pide al Gobierno español que el anteproyecto de Ley que se está elaborando y debe estar concluido antes del 30 de junio, incluya una serie de recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
ARCHIVOS OFICIALES
Al mismo tiempo, se quejó de que no se ha tomado ninguna medida de envergadura para facilitar el acceso a los archivos oficiales, de las inadecuadas condiciones de almacenamiento y de la ausencia de personal archivero.
'Esto no es cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de derechos humanos y el derecho internacional', declaró Beltrán durante la rueda de prensa, en la que dejó claro que hay víctimas de los dos bandos.
Muchos españoles prefieren que no se remueva en el pasado y en las recuerdos de la guerra y los años posteriores, pero otros piden que se aclare la verdad y se establezcan reparaciones para los que sufrieron las consecuencias.
Amnistía denunció que no se ha tomado ninguna medida legislativa para la anulación de las sentencias a muerte dictadas durante el régimen franquista tras juicios injustos, y que familias que han apelado han visto cómo su petición era rechazada por los tribunales basándose en la amnistía de 1977 o que en aquella época la pena de muerte era legal.
'Los jueces se oponen sistemática y activamente a la anulación de condenas de muerte', manifestó Eva Suárez-Llanos, autora del informe.
/Por Joe Ortiz/




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