El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna, que garantizará los cuidados que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar a los pacientes en sus últimos momentos de vida, para evitar un sufrimiento innecesario. La ley no regulará ni la eutanasia ni la ayuda al suicidio, que seguirán siendo delito. En el mismo Consejo de Ministros se ha aprobado el decreto de ayuda a los damnificados por el terremoto de Lorca (Murcia).
El anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y de Muerte Digna responde, según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, "a una demanda de profesionales y pacientes " y regulará los derechos de la persona durante el proceso de su fallecimiento y los deberes del personal sanitario. Hasta ahora, estos derechos se regulaban en la ley de autonomía del paciente de 2002.
Pajín ha recalcado que el objetivo de este ley, "consensuada con distintas organizaciones profesionales y de pacientes" y elaborada "tras un trabajo riguroso y serio" es "el pleno respeto a la voluntad de los pacientes para que la etapa final de vida sea afrontada con dignidad y con el menor sufrimiento posible".
La ley tiene como objeto "los pacientes que entran en fase terminal o de agonía y en la que los profesionales sanitarios han descartando cualquier expectativa de curación", ha explicado Pajín, que ha subrayado que se trata de "un sistema de derechos y garantías" que ofrecen, además, "mayor seguridad jurídica a los profesionales de la salud" , especialmente a los dedicados a los cuidados paliativos, mientras se evita "el sufrimiento innecesario y el ensañamiento terapéutico" con los pacientes.
El anteproyecto pasará directamente a los órganos consultivos y al Consejo Interterritorial de Salud para su puesta en común entre las comunidades autónomas y, de ahí, a su posterior debate en las Cortes Generales. Sanidad planea que la ley sea aprobada antes de que acabe el año.
Los puntos claves de la ley
- La ley consagra el derecho a la información asistencial y a la toma de decisiones.
- El objetivo de la ley es evitar el sufrimiento y el dolor de los pacientes en fase terminal o de agonía y para los que los profesionales sanitarios han descartando cualquier expectativa de curación.
- La ley consagra el derecho a renunciar a un tratamiento médico para alargar la vida.
- Se garantiza el derecho al uso de sedaciones terminales, aunque estas conlleven la aceleración de la muerte.
- Se garantiza el derecho a la intimidad de los pacientes y sus familiares en los últimos días de vida (consagra el derecho a morir en una habitación individual).
- Toda persona mayor de edad, en uso de sus facultades mentales, puede manifestar su deseo sobre los cuidados paliativos que desea recibir en los momentos finales de su vida. Es lo que se conoce como testamento vital o voluntad anticipada.
- Las CC AA deberán tener sus propios registros con las últimas voluntades del paciente que serán centralizadas en un un registro nacional.
- La ley no regulará ni la eutanasia ni la ayuda al suicidio.
- El médico que atiende al paciente deberá consultar la opinión de al menos otro especialista y a los familiares, pero siempre respetando la última voluntad del paciente.
- El médico deberá consultar el registro nacional para conocer las instrucciones del paciente.
- La última voluntad del paciente deberá figurar en su historial médico.
- La ley será aplicable en todo el territorio nacional.
- Los profesionales sanitarios están obligados a respetar la voluntad de los pacientes.
- La nueva norma excluirá de cualquier exigencia de responsabilidad al personal sanitario, una vieja reivindicación del colectivo.
Las regiones pioneras
Con ello, el Ejecutivo pretende unificar la normativa en el conjunto del Estado después de que Aragón se convirtiera en la segunda comunidad que aprueba una ley de este tipo, siguiendo a Andalucía, que fue pionera en este ámbito.
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