El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se ha comprometido este miércoles a hacer todo lo que sea posible para exhumar los restos de las víctimas de la represión franquista enterrados en el Valle de los Caídos, pero ha reconocido que existen dificultades para la identificación individual de los cuerpos.
Jáuregui ha respondido así al diputado de ERC Joan Tardá, quien en la interpelación que le ha plantado en la sesión de control del Congreso le ha acusado de eludir las exhumaciones de los 33.000 cadáveres allí depositados por estimarlo "técnicamente imposible".
Muchas familias no desean que los restos de los cuerpos sean violentados Aunque ha negado haber hechos tales afirmaciones, el ministro de la Presidencia sí ha dicho que debido al sistema de enterramiento en este mausoleo, donde los cadáveres procedían de fosas comunes, no es posible manipular los cadáveres para identificarlos "sin violentar" los restos de otros cuerpos, algo que muchas familias no desean.
Dificultades técnicas en la exhumación
Por tanto, cuando la exhumación sea posible "la haremos", ha reiterado Jaúregui, quien ha explicado que la intención del Gobierno es convertir el Valle de los Caídos "no en un Auschwitz antifranquista", sino en un símbolo de la "memoria reconciliada".
Tardá le ha llegado a preguntar que si detrás de esa imposibilidad no habría otras excusas políticas o económicas y le ha pedido al ministro que ahora que el Congreso está tramitando la ley de reparación de víctimas del terrorismo se aproveche para "reparar la memoria" de todas las víctimas, incluidas las del "tardofranquismo".
No quedarán incluidos
Jáuregui no ha sido receptivo a que las víctimas del franquismo que habían pertenecido a organizaciones armadas queden incluidas en la Ley de la Memoria por considerar que la violencia "ni siquiera es justificable" en dictadura.
A la demanda de ERC para anular la sentencia de condena a muerte del último presidente de la Generalitat en la II República, Lluís Companys, el titular de Presidencia ha recordado que la ley derogó las disposiciones legales que sustentaban las condenas que le impusieron y la ilegitimidad de la sentencia, de manera que la Fiscalía General del Estado dictaminó que ésta "es inexistente".
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