Casada, con tres hijos varones y con fama de "muy familiar", Yagüe -que nació en La Línea de la Concepción (Cádiz) y tiene seis hermanos- es una persona profundamente arraigada en Marbella, lo que favoreció su acercamiento a Jesús Gil cuando el ex alcalde, ya fallecido, desembarcó en dicha localidad.
Al igual que sus predecesores en el cargo, el propio Gil y Julián Muñoz, se ha visto inmersa en varios procedimientos judiciales, incluido el embargo preventivo de su casa por un supuesto impago a una empresa que realizó unas obras en la vivienda.
La sustituta de Julián Muñoz
Entre 1991 y 2003, permaneció en los sucesivos equipos de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), hasta que el 13 de agosto de 2003 fue elegida alcaldesa en sustitución de Julián Muñoz en un tenso pleno que levantó gran expectación y que fue seguido por más de trescientos periodistas de unos setenta medios de comunicación.
Está casada con Antonio Becerra, que fue administrador de su padre en una empresa relacionada con la hostelería y fue cargo de confianza del extinto GIL en el Ayuntamiento.
Antes de acceder al cargo, también se encargó de la concejalía de Sanidad y desde las últimas elecciones municipales, en las que ocupó el puesto número cuatro en las listas de su partido, era la responsable municipal de la tenencia de alcaldía del núcleo de población de las Chapas.
Un hermano suyo, Juan Antonio Yagüe, también fue concejal del GIL entre 1995 y 1999, periodo en el que estuvo al frente del área de Parques y Jardines.
Uno de los principales escándalos al que se ha enfrentado como alcaldesa es el llamado "Caso Copasur", en el que el administrador de Construcciones Copasur, Alberto Piñana, la denunció por el impago de un millón de euros por las obras de reforma en su casa y aseguró que intentó pagar una parte de las mismas con dinero municipal.

La casa de la alcaldesa
Por este caso, un juzgado marbellí decretó el pasado 8 de marzo el embargo preventivo de la casa de la alcaldesa por impago de 949.926,77 euros más los intereses, gastos y costas procesales que la empresa le reclama por la obra efectuada en la vivienda.
Los andalucistas aseguraron a principios de marzo que la alcaldesa "lleva un tren de vida inalcanzable para sus ingresos como alcaldesa, 6.000 euros (al mes), ya que a la reforma de su casa por valor de un millón de euros se unen la vivienda de Madrid, vehículos de distinta gama y viajes constantes al Caribe", por lo que reclamaron que publique su declaración de propiedades, renta y de participación en sociedades.
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