La titular del Juzgado de Gandesa (Tarragona), Laura Martínez Salom, ha acordado sobreseer la denuncia presentada contra la excúpula de Interior por parte del abogado de las familias de dos de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan porque los hechos denunciados no son delito.
La juez sobresee la denuncia "por no ser hechos constitutivos de delito" y ordena su archivoEl letrado Pau Simarro, abogado de Dolors Espinet, la hermana de uno de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan, en julio de 2009, ratificó el pasado 14 de abril la denuncia formulada contra la excúpula del Departamento de Interior del gobierno tripartito y los mandos de los bomberos.
La denuncia fue interpuesta, entre otros, contra el exconseller de Interior Joan Saura (ICV-EUiA) y el exsecretario general del departamento Joan Boada. La denuncia también se dirigía contra tres mandos del cuerpo de Bomberos: Antoni Rifà, Agustí Gatell y Joan Rovira.
En el mismo acto, el abogado presentó un escrito donde solicitaba a la juez de Gandesa que acordase citar a declarar, en calidad de imputados, a todas estas personas, si bien en el caso de Boada la denuncia pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ser una persona aforada en calidad de parlamentario.
El alcalde de Horta de Sant Joan dijo que Saura y Boada le presionaron para que negara que hubo descoordinaciónLa juez había acordado una semana antes de incoar diligencias -dar un número de registro- a la denuncia presentada en el Juzgado de Gandesa, con relación a un posible delito de obstrucción a la justicia contra Joan Saura, Joan Boada y altos cargos de Bomberos. En una diligencia del pasado 4 de mayo, la juez sobresee la denuncia "por no ser hechos constitutivos de delito" y ordena su archivo.
En la diligencia, la juez define el delito de obstrucción a la justicia, al que se refería la denuncia, como "el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente a quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal". A su juicio, se trata de "un delito de peligro, de tendencia o de mera actividad que se consuma con la sola realidad de la violencia o intimidación ejercidas con la finalidad de coartar la libertad de quien intervenga en un procedimiento, aunque el sujeto pasivo no llegue a efectuar el acto exigido".
Pero, una vez analizado el caso, ordena el sobreseimiento de la denuncia, que tenía su origen en unas declaraciones del alcalde de Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, que dijo que en una cena Joan Saura -y al día siguiente Joan Boada- le presionaron para que cambiara su declaración al respecto de que "hubo descoordinación" en la extinción del incendio ocurrido en su municipio el 20 de julio de 2009. Para la juez, se trata de la versión de Ferràs pero "en el caso de que esos hechos hubieran ocurrido, ni tan siquiera resultarían penalmente típicos".
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