Palocci fue reemplazado por el presidente del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el economista Guido Mantega, que prometió mantener la estricta política fiscal del gobierno y consideró 'sagrada' la meta de ahorro presupuestario.
'La política económica no cambiará', dijo Mantega, histórico asesor económico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una conferencia de prensa en Brasilia. 'No es la política económica de un ministro, es la política del presidente Lula', declaró.
Palocci, un favorito de los inversores extranjeros, se había ganado el respeto del mercado financiero con su discurso a favor del estricto combate a la inflación y el orden fiscal, por los que incluso recibió críticas del gobernante izquierdista Partido de los Trabajadores.
El ahora ex ministro, que durante gran parte de sus más de tres años al frente del Ministerio de Hacienda tuvo el apoyo de partidos opositores, perdió el favor de éstos tras el testimonio de un casero, quien dijo haberlo visto varias veces en una mansión de Brasilia.
La casa, según las denuncias, era el presunto punto de reunión de ex asesores de Palocci para dividir lo que habría sido el botín de extorsiones y reunirse con prostitutas.
La presión se intensificó para el gobierno después de que un alto cargo de la Caixa Economica Federal, un banco propiedad del Estado subordinado al Ministerio de Hacienda, fue acusado de haber revelado ilegalmente el estado de cuenta del casero, en un aparente intento de desacreditarlo.
En la carta de renuncia que le envió a Lula, Palocci ratificó su inocencia, dijo que participó en la quiebra ilegal del secreto bancario y aseguró que detrás de las acusaciones hay intereses políticos.
'Estoy convencido de que mi permanencia en el Ministerio de Hacienda, en este momento de exacerbado conflicto político, y cuando soy blanco de todo tipo de maldades y acusaciones, no contribuye más para el avance de la obra de gobierno de Vuestra Excelencia ni sirve al mejor interés de Brasil', dijo Palocci.
El ex ministro, considerado el arquitecto de la política económica del gobierno, fue acusado de participar en la financiación ilegal de campañas políticas cuando era alcalde de Ribeirao Preto, una ciudad del interior del estado de Sao Paulo, en la década de 1990.
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