La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a la Mutua Madrileña Automovilista a abonar a una niña de siete años una pensión de 4.000 euros mensuales y a pagarle igualmente una indemnización de 1.031.801,87 euros después de que cuando tenía dos años de edad quedara tetrapléjica a causa de un accidente de tráfico en la N-322, una de las vías con mayor siniestralidad de España.
La pensión vitalicia permitirá a la niña cubrir los costes de la asistencia que necesitará durante el resto de su vidaSegún ha explicado en un comunicado el abogado Marcial Polo Rodríguez, que ha defendido los intereses de la menor, esta sentencia es pionera porque, aceptando parcialmente las peticiones formuladas, "se acoge a la posibilidad, prevista en la ley que regula las indemnizaciones por accidentes de tráfico, de sustituir una parte de la indemnización que le podría corresponder a la víctima por una renta vitalicia, sin sujeción a ningún límite de tiempo ni de cantidad, con la finalidad de que el coste de las múltiples necesidades asistenciales de toda índole, que la niña precisará durante el resto de su vida, quede cubierto".
En España, las indemnizaciones legalmente previstas para los casos más graves de lesionados en accidentes de tráfico "difícilmente llegarán a alcanzar la suma de 1.200.000 euros, incluso en las peores circunstancias, cantidad muy inferior a la prevista en países como Francia, el Reino Unido o Alemania", según el abogado, que ha abundado en que "se revela como claramente insuficiente para resarcir adecuadamente a las víctimas con secuelas gravemente incapacitantes, hecho que está siendo denunciado por diferentes colectivos y asociaciones que vienen reclamando la modificación de la ley".
A su juicio, sentencias como la recientemente dictada por la Audiencia Provincial de Jaén, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Morales Ortega y contra la que no cabe otro recurso que el de amparo ante el Tribunal Constitucional, abren el camino para que las víctimas de accidentes de tráfico que padecen graves secuelas incapacitantes sean indemnizadas con dignidad, de forma que, al menos, se cubra el coste de la asistencia que necesitan.
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