Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2004, cuando numerosas personas acudieron a una concentración contra la proliferación de empresas de importación de calzado chino en el polígono industrial de Carrús.

Al acto acudieron todos los acusados "sabedores de que en ella se ocasionarían daños patrimoniales", ya que en las octavillas distribuidas de forma anónima para convocar la concentración se llamaba a "volcar y quemar contenedores de calzado asiático", según el escrito de la acusación.

En el transcurso del altercado, los participantes prendieron fuego al contenido de varios contenedores con zapatos chinos de empresas ubicadas en el citado polígono, cuyas instalaciones también resultaron afectadas por las llamas.

Los acusados han reconocido este martes su participación en los hechos, y no ingresarán en la cárcel tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes. Así, 21 de ellos admiten una pena de seis meses de prisión por un delito de desorden público.

Los otros siete procesados se han reconocido como autores materiales de los incendios, y por ello han aceptado una pena de un año de prisión por un delito de daños y seis meses por desorden público, según ha detallado el abogado de dos de los acusados, Vicente Pasqual. INDEMNIZACIONES

Asimismo, en la sesión todas las partes han dado su conformidad con las indemnizaciones establecidas en unos 50.000 euros para los cuatro propietarios de las naves de calzado que sufrieron daños con motivo de esos disturbios.

De este modo, la nave principal que fue incendiada recibirá una indemnización de casi 26.000 euros, mientras que otros establecimientos que también se vieron afectados percibirán 12.000. 10.000 y 3.000 euros.

Yihong Ji Wang, uno de los abogados de la empresa 'Daermi Shoes Trading, SL', —que fue la que mayores daños sufrió—, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado, y por que se haya hecho "justicia" para sus clientes después de siete años.

Por su parte, Vicente Pascual, letrado de dos de los acusados, ha considerado la decisión judicial como "justa" porque no implica la privación de libertad para sus defendidos.

A su parecer, su ingreso en prisión hubiera sido "un absurdo disparate" dado que todos son "personas normales y corrientes" que se encuentran "integrados social y laboralmente" y que ya han abonado la indemnizaciones que próximamente les serán entregadas a los afectados.