Este acuerdo, alcanzado el 24 de mayo de 2005, culmina tres intentos de cambio a lo largo de tres legislaturas y una década para modificar una norma aprobada en 1982, y con la que la Comunidad Valenciana es reconocida como nacionalidad histórica.
Camps y Pla, junto a los portavoces de sus grupos y los ponentes de la reforma en la Cámara autonómica, se reunieron ante el ficus que hay en el patio interior de las Cortes Valencianas el 24 de mayo de 2005 para escenificar un acuerdo al que se llegó tras un año de trabajo de una comisión de estudio.
El pacto que se materializó en una proposición de ley presentada en el registro de las Cortes dos días después estuvo acompañada de un acuerdo para modificar la ley de Radiotelevisión Valenciana, la de Publicidad Institucional y la de creación del Consejo Jurídico Consultivo, norma esta última ya reformada.
Cambio en la Ley Electoral
El acuerdo suscrito por Camps y Pla también contemplaba una modificación de la Ley Electoral Valenciana, que en un principio debía servir para ampliar el número de diputados, pero que ahora también deberá contemplar la exigencia de un porcentaje mínimo de votos mínimo para acceder a las Cortes Valencianas.
Esta barrera electoral se recogía hasta ahora en el Estatuto y está fijada en la actualidad en el 5 por ciento, porcentaje que el PP se negó a rebajar al 3 por ciento como pidieron los socialistas al asumir una enmienda de Esquerra Unida, que finalmente rechazaron tanto el PP como el PSPV-PSOE.
La exclusión de la referencia a la barrera electoral del texto estatutario es el único cambio significativo sobre el acuerdo Camps-Pla de hace diez meses.
En la tramitación en las Cortes Valencianas del Estatuto el pasado mes de junio, el PP y el PSPV-PSOE no aprobaron la enmienda a la totalidad y las 142 enmiendas parciales presentadas por EU-l'Entesa.
Tras incluirse 45 enmiendas de los grupos mayoritarios referidas a correcciones de errores y de estilo, el pleno de las Cortes Valencianas aprobó el texto, con los votos a favor del PP y el PSPV-PSOE, y en contra de EU-l'Entesa, y lo remitió a las Cortes Generales el pasado 1 de julio, día en que se cumplían 23 años de la promulgación del texto vigente.
Respaldo mayoritario
El Congreso de los Diputados tomó en consideración la proposición no de ley el pasado 20 de septiembre, con el apoyo del 95 por ciento de la Cámara.
El siguiente paso fue la remisión de la reforma a la Comisión Constitucional del Congreso, que fue donde el acuerdo entre populares y socialistas estuvo a punto de romperse cuando estos últimos decidieron apoyar la reivindicación de Esquerra Unida de reducir el listón electoral para tener representación parlamentaria del 5 al 3 por ciento.
Asimismo, los socialistas se mostraron favorables a eliminar las referencias que hay en el texto estatutario al "idioma valenciano" que, a juicio de las formaciones nacionalistas y de izquierdas, rompen la unidad de la lengua catalana.
Finalmente, PP y PSOE acordaron dejar fuera del Estatuto el listón electoral y remitirlo a la Ley Electoral Valenciana, y los socialistas renunciaron a la supresión del término "idioma valenciano".
La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el pasado 2 de febrero la proposición de ley, que fue ratificada el 9 de febrero por el pleno de la Cámara Baja y remitida al Senado.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta respaldó el texto estatutario el 6 de marzo, igual que hizo el pleno del Senado el pasado 8 de marzo, con los votos del PP, PSOE y Coalición Canaria.
Tras la aprobación final de hoy en el pleno de las Cortes Valencianas de la reforma del Estatuto de Autonomía, el texto entrará en vigor el mismo día en que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Cambios legislativos
El nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado definitivamente hoy en las Cortes Valencianas, obligará a elaborar 14 nuevas leyes, a modificar dos y el Reglamento del Parlamento valenciano, y a crear cinco organismos, según lo que establece el articulado del texto estatutario.
Más artículos
El nuevo Estatuto de Autonomía contiene cuatro títulos nuevos con respecto a la norma vigente, aprobada en 1982, y ha pasado de tener 61 a 81 artículos.
En materia legislativa, las propuestas introducidas en la nueva Carta Magna valenciana implican la modificación de la Ley Electoral Valenciana de 1987, ya que se ha acordado que las Cortes Valencianas estén compuestas por un mínimo de 99 diputados y se ha eliminado el tope máximo.
La segunda ley que habrá que modificar es la del Gobierno valenciano, ya que el nuevo Estatuto ha eliminado el límite en el número de Consellerias, ya que hasta ahora había un tope de diez.
También habrá que cambiar el Reglamento de las Cortes Valencianas, pues según el nuevo Estatuto tendrá rango de ley y se aprobará por mayoría absoluta, y contemplará novedades como la ampliación del periodo de sesiones.
Por lo que respecta a las nuevas leyes, se referirán a la Carta de Derechos Sociales; a la renta garantizada de la ciudadanía; a la regulación de las ayudas para promover el derecho al acceso a una vivienda digna; al Sistema valenciano de ciencia y tecnología y empresa, y a la estructura, composición, nombramientos y funciones del Consell de la Justicia de la Comunidad Valenciana.
También mediante leyes se creará el Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana; se regulará el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna "como punto de encuentro y unión sentimental de todos los valencianos", y se creará un Cuerpo único de la Policía Autónoma de la Comunidad Valenciana.
A través de otras leyes se crearán el Comité valenciano para los Asuntos Europeos y el Fondo de Cooperación Municipal, y se procederá a la descentralización de competencias a favor de los Ayuntamientos.
El Estatuto señala que las Cortes promulgarán la ley de Régimen Local Valenciano, donde el PP ha anunciado que se pueden recoger algunas peticiones de EU-Entesa en materia de Administración local e incluso la Carta Municipal de Valencia.
Otras leyes regularán el reconocimiento de la valencianidad a las comunidades de valencianos asentados fuera de la Comunidad Valenciana, y el derecho a una buena administración y al acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas valencianas.
Además de estos textos legislativos, serán necesarias leyes sectoriales para recuperar y desarrollar el Derecho Foral Valenciano, crear empresas públicas o determinar la división comarcal.
Por otra parte, se creará la Junta de Seguridad, con representación del Estado y la Generalitat, para coordinar la actuación de la Policía Autónoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; la Comisión mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; el Consell de la Justicia; el Consell del Audiovisual; y el Comité Valenciano de Asuntos Europeos.
Finalmente, se da rango estatutario a instituciones ya existentes, como la Academia Valenciana de la Llengua, el Consejo Jurídico Consultivo y la Comisión mixta entre la Conselleria de Justicia y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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