Nicolas Sarkozy reconoce errores en la ley francesa contra las descargas de Internet

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha reconocido errores en la revolucionaria ley contra las descargas de Internet que impulsó el año pasado y que autorizaba el corte del servicio a los usuarios que se bajaran contenidosprotegidos de la Red. "Asumo mi parte del error (...) Tenía la intuición de que había que proteger a los creadores. Puede que el error fuera dar la sensación de que eran atacados", aseguró Sarkozy durante la instauración del Consejo Nacional Digital, institución que pretende poner en contacto al Gobierno con el sector.

Claro que podemos hacer algo mejor que HADOPI, pero lo que espero es que algún día esta ley no sea necesaria

Conocida como HADOPI, la ley francesa contra el pirateo en Internet instauró un sistema de avisos que desembocaban en una interrupción del servicio para los reincidentes.La "respuesta gradual" era la novedad de esta ley que fue tomada como ejemplo por otros países. Sin embargo, el resultado no ha convencido a los creadores, que consideran que es muy difícil aplicar las sanciones previstas en la ley.

A finales del año pasado, la instancia creada para aplicar la ley había enviado 100.000 correos de aviso a internautas que, presuntamente, se habían descargado contenidos de forma ilícita. Pero unos meses más tarde una encuesta oficial revelaba que la mitad de los internautas galos reconocía piratear contenidos en la Red.

Ante el sector digital, Sarkozy se mostró dispuesto a rectificar la ley HADOPI, aunque señaló que lo ideal sería que un dispositivo de este tipo no fuera necesario. "Claro que podemos hacer algo mejor que HADOPI. Pero lo que espero es que algún día HADOPI no sea necesaria porque haya una forma de distribuir los contenidos culturales que garantice la retribución justa de los creadores", aseguró el presidente.

Desde su primer impulso, Sarkozy ha respaldado de forma firme la ley contra el pirateo, incluso cuando ésta recibió un importante varapalo. Tras una primera tramitación, el Gobierno se vio obligado a modificar la ley después de que el Consejo Constitucional rechazara que una instancia no judicial tuviera potestad para cortar el acceso a Internet de los usuarios. El Ejecutivo introdujo entonces una modificación que preveía que fuera un juez quien dictara el corte del servicio.