¿Sin escolta?
Según la SER, cinco personas del País Vasco amenazadas por ETA han prescindido ya de su escolta.
Se trataría de concejales socialistas y de algún miembro de la judicatura.
La decisión ha sido personal y con el argumento de que la sensación tras el anuncio del alto el fuego de ETA es diferente a la tregua del 98.
Según afirma la SER se espera alguna iniciativa similar en las próximas horas, aunque desde las asociaciones de escoltas se fija un plazo de tiempo de entre 6 ó 7 meses para que los 2.500 amenazados por ETA en el País Vasco y Navarra comiencen a tomar decisiones sobre su seguridad personal.
¿O con ella?
Sin embargo, la Agencia EFE ha rebajado el tono optimista de esta noticia al asegurar que los parlamentarios vascos han acudido hoy a la Cámara con las mismas medidas de seguridad que en ocasiones anteriores, si bien en un ambiente de expectación tras la entrada en vigor esta madrugada del alto el fuego de ETA.
El pleno comenzó, como siempre, a las 9:30 de la mañana, y minutos antes llegaron a la sede los parlamentarios.
EFE afirma que la gran mayoría de los parlamentarios del PSE-EE y el PP mantienen su escolta y han acudido hoy con ella.
Algunos, como los concejales del PSE del Alto Nervión, de la comarca del Duranguesado, el portavoz en Galdakao o la representante del mismo partido en Elorrio, han manifestados que mantienen la prudencia y, "por ahora", su escolta.
Sólo algún diputado ya había renunciado a ella en los últimos meses.
El ritual del acompañamiento de la escolta volvió por tanto a repetirse hoy, al igual que la presencia de las dos furgonetas de la Brigada Móvil de la Ertzaintza en las inmediaciones del acceso principal al Parlamento, por lo que, al menos en apariencia, el alto el fuego de ETA no ha variado las pautas de seguridad establecidas hasta ahora.
Escoltas en paro
El Gobierno Vasco tiene un presupuesto de unos 62 millones de euros para financiar los servicios de escolta privada, frente a los 90 millones del Gobierno Central .
En cualquier caso, y como asegura también la Cadena SER, se han empezado a realizar gestiones con empresas de seguridad para conocer el coste social y económico que supondría que alrededor de 1.500 escoltas privados, casi todos ellos con contrato indefinido, se quedaran sin trabajo.
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