Context solicitó la paralización al asegurar que es propietaria del edificio desde el año pasado, cuando se lo compró a Lacile, supuestamente por 4.800.000 euros.
Representantes de las 20 familias que compraron viviendas y garajes en el año 2002 explicaron que, si esto se confirma, Lacile podría haber incurrido en un nuevo delito de alzamiento de bienes, al deshacerse del edificio para no pagar a los acreedores.
Esta venta se ocultó a los afectados que se querellaron contra el antiguo administrador de Lacile, por estafa en 2004.




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