Todo residente en España tiene derecho a la asistencia sanitaria pública. Hasta aquí la Ley (14/1986). Y ahora el agujero: decenas de miles de personas son víctimas de un sistema que, en la mayoría de los casos, las obliga a acogerse a un seguro privado, ya que no cuentan con tarjeta sanitaria. Personas –pacientes– que no disfrutan de atención gratuita en hospitales o centros públicos y que deben correr con la factura de sus gastos sanitarios.

El Ministerio de Sanidad cifra en 180.000 las personas que se quedan fuera de la llamada universalización de la cobertura sanitaria. Pero el Ministerio asegura también que los colectivos que no están amparados por el sistema público son los que, en principio, dispondrían de recursos para financiarse la asistencia.

No obstante, se quedan fuera los parados sin el subsidio de desempleo que dispongan de rentas o recursos anuales por encima del salario mínimo interprofesional (641 euros al mes) y personas que no han trabajado nunca o de manera esporádica y también con ingresos por encima del salario mínimo, junto a aquellos que ejercen profesiones liberales incluidas en colegios profesionales, como muchos abogados o arquitectos, que no están integrados en el régimen de trabajadores autónomos en la Seguridad Social.

"Es un problema a resolver, porque además tendría un coste económico muy irrelevante", asegura Marciano Sánchez, de la Federación de las Asociaciones de Defensa de la Salud Pública (FADSP), que da una clave para entender el limbo en el que viven esos 200.000 afectados: "La ley del 86 asume las leyes anteriores que fijaban que la cotización a la Seguridad Social marcaba la asistencia sanitaria". De ahí la exclusión de grupos no cotizantes, como los colegiados no sujetos al régimen de autónomos y los que han agotado el paro y ya no cotizan pero cuentan con ingresos por encima del salario mínimo, por lo que no entran en el grupo de personas sin recursos, que sí tienen garantizada la cobertura.

La crisis, sin embargo, parece estar reñida con los datos oficiales. Expertos consultados por 20 minutos aseguran que, siendo difícil de calcular, la cifra de excluidos se aleja bastante de la que fija Sanidad y podría superar los 300.000 afectados. La crisis –dicen las mismas fuentes– ha multiplicado los casos en los últimos meses, ya que cada vez más personas agotan el subsidio sin haber conseguido otro trabajo. El Ministerio de Sanidad asegura que no tiene constancia de este repunte.

"Pedimos que el Estado de derecho se cumpla. La cobertura es universal para residentes en España", asegura el abogado Santiago Herrera, que matiza que el sistema ha cambiado, y la Seguridad Social (la cotización) ya no determina la cobertura: "Se sufraga con cargo a los Presupuestos Generale"», es decir, sale de impuestos como el IRPF, que pagan personas que no reciben un servicio a cambio.

Los expertos recuerdan además que las competencias en Sanidad están transferidas a las comunidades, lo que dificulta aún más un acuerdo común. Y añaden que el debate sobre el copago sanitario –el cobro por servicios como consultas o ingresos– pone todavía más en riesgo a estos afectados. Mientras, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que su intención es la de sacar una ley que permita prestar "una cobertura sanitaria universal" en España.

"Me enteré cuando pedí un duplicado de mi tarjeta sanitaria, que había perdido. Me dijeron que no me podían dar otra, que me había quedado sin cobertura para mi tarjeta. Vamos, que no tenía número". Julio –nombre ficticio, porque el protagonista de la historia quiere permanecer en el anonimato– se vio obligado a hacerse un seguro privado después de enterarse (en noviembre y en el paro) de que no contaba con cobertura pública. "No me dieron muchos detalles... Te quedas al descubierto por completo. Y esto pasa en España, no en un país subdesarrollado. Al final, cuentas con derechos que realmente no tienes".

"Los médicos en la pública atienden a cualquier paciente, eso por supuesto", asegura Marciano Sánchez para confirmar que, a pesar de no contar con la tarjeta sanitaria, los 200.000 afectados siempre pueden acudir al sistema público. Eso sí, después vendrá la factura, que varía en cada comunidad autónoma. Pero, de media, una radiografía puede llegar a los 15 euros; un TAC, a los 120, y una resonancia, a los 300 euros.